El aula de bebés de la guardería donde trabajaba la acusada carecía de autorización administrativa. Así lo desveló una de las funcionarias de la Xunta que fue a realizar una inspección a la escuela infantil el 15 de marzo, tres días después de descubrirse las intoxicaciones. La inspectora señaló que "no les constaba" la solicitud de apertura de este aula €la guardería alega que sí la cursó€, ni tampoco el preceptivo certificado sobre la salud física y mental de la imputada, ya que cuando se hizo la inspección ya había sido despedida.
La guardería tenía un aula de bebés de 0 a 1 año y contrató a la acusada para atender una nueva para menores de esa edad "desdoblada" y separada por una cristalera, con 7 niños. "No estaba autorizada administrativamente", dijo la inspectora, que explicó que el proceso para dar licencia consiste en que la escuela debe cursar la solicitud para hacerse una inspección antes de autorizarla. Esto conlleva también la aportación de un informe con datos de la cuidadora, entre ellos que no sufra enfermedad infecto contagiosas o psíquicas. Al no tener autorización el aula nueva, se consideraron las dos desdobladas una sola y excedía el ratio de niños. Hubo propuesta de sanción.
Ayer por la tarde la Xunta remitió un comunicado señalando que en inspecciones anteriores a la guardería, antes de ocurrir los hechos, el aula no estaba en funcionamiento, por lo que no se tenía "registrada esta irregularidad". Concretó que se puso en marcha "dos meses" antes de las intoxicaciones y que, al detectarse el problema, se requirió a la guardería para que regularizara el aula, añadiendo que la escuela decidió cerrarla y "nunca se volvió a abrir". La Xunta dice que no consta "ninguna solicitud previa de autorización" por parte de la escuela infantil.
