El pasado martes se vivía una escena atípica en la Audiencia viguesa. La de un abogado que, debido a la deslealtad profesional cometida, ya no ocupaba el lugar habitual de los de su profesión en el estrado sino que se sentó en el banquillo de los acusados. El letrado, Miguel Ángel V.G., aceptó ese día un año y nueve meses de cárcel por estafar a tres guardias civiles de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), entidad con la que tenía un contrato de prestación de servicios para sus asociados. Pero estos agentes no fueron al parecer las únicas víctimas de su proceder: el jurista deberá comparecer en un nuevo juicio en Vigo en el que se enfrenta a otros seis años de prisión y al pago de multas que suman 72.000 euros por fraudes similares que sufrieron otros seis clientes, entre ellos el gerente de una empresa de grúas de asistencia en carretera que lo contrató para que le llevara sus asuntos jurídicos.
Tras varias bajas colegiales y un período en el que constó como no ejerciente, este letrado causó baja total del Colegio de Abogados de Madrid en febrero de 2009. En virtud de la vista de conformidad de esta semana, no podrá ejercer durante tres años. Pero Miguel Ángel V.G. tendrá que volver a rendir cuentas a la Justicia en el nuevo juicio por otras presuntas estafas cometidas en un período de unos 5 años. La vista aún no tiene fecha, pero la Fiscalía formuló escrito de acusación, imputándole seis delitos de deslealtad profesional en concurso, en función de cada caso, con delitos o faltas de estafa, falsificación de documento privado o apropiación indebida. Además de prisión, multa e indemnizaciones, pide penas de inhabilitación.
Víctimas
Una víctima fue el gerente de una empresa de grúas y auxilio en carretera que lo contrató en 2004. El fiscal dice que el letrado "lejos de cumplir con sus compromisos, los desatendió": así, sostiene, ocultó al afectado la inadmisión a trámite de un juicio monitorio, el archivo de otro caso o incluso un acuerdo extrajudicial, quedándose con "los 1.972 euros" que le correspondían a su cliente. Cuando el empresario le encomendó que solicitase en un juzgado contencioso un título de transporte, añade el fiscal, llegó a "falsificar una sentencia" para hacerle creer que había realizado los trámites.
Otro perjudicado es un guardia civil de la AUGC, como los del juicio de esta misma semana. Le engañó presuntamente diciéndole que había presentado recursos en relación con una solicitud de indemnización y con un caso laboral, así como en relación con trámites judiciales referentes al divorcio del agente. Otra víctima fue el presidente de una comunidad de propietarios de un edificio de Moaña al que le llevó un asunto del inmueble y otro de carácter laboral a nivel particular: le habría llegado a entregar demandas y una providencia falsas.
Un ciudadano también lo contrató para que le recurriera tres multas de tráfico y, según el fiscal, cobró sin "realizar las actuaciones encomendadas". Y también habría engañado a otro que contactó con él para que presentase ante el Tribunal Constitucional un recurso para reclamar 300.000 euros.
