Al menos cinco empresarios han sido detenidos en Vigo y Sanxenxo en una gran operación contra un fraude de gasóleo millonario desarrollada en distintas provincias españolas por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 4.
Especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, desplazados desde Madrid, efectuaron el miércoles los arrestos y procedieron a los registros domiciliarios de los detenidos, así como de las empresas a las que están vinculados. Detenciones similares tenían lugar en distintas localidades del territorio nacional, sin que por el momento haya trascendido el número total de implicados.
El gran mutismo que rodea la investigación, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario, se extiende también a la valoración del fraude detectado, si bien sería uno de los más importantes y de mayor entidad económica descubiertos hasta la fecha. La magnitud de la trama desmantelada por el juez Fernando Andreu incluye una complicada ingeniería financiera con partidas de combustible procedentes de Oriente Medio y miles de facturas cruzadas entre las empresas presuntamente implicadas. El presunto fraude fiscal descubierto, podría derivar también en otros delitos como falsedad documental e incluso blanqueo de capitales.
Efectivos del equipo de la Unidad de Delitos Económicos desplazado a Pontevedra llamaron a primeras horas de la mañana del martes a la puerta de los domicilios de los arrestados en Vigo y Sanxenxo, sorprendiendo a algunos de ellos todavía en la cama. Con gran discreción, para no despertar alarma entre los vecinos, los agentes comunicaron las detenciones. Los empresarios, algunos con vínculos familiares entre sí, fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, donde pasaron la noche.
Una vez nombrados sus abogados, se procedió al registro de las empresas –situadas en la zona de Sanxenxo– mediante un exhorto al juzgado de guardia de Cambados, que envió las comisiones judiciales. También se procedió al registro de sus domicilios –varios de ellos tienen su actividad empresarial en Arousa y distintos puntos de Galicia, pero residen en Vigo– . Los agentes intervinieron ordenadores, discos duros, numeroso material informático y documentación.
La Guardia Civil inició ayer en el cuartel de Pontevedra el interrogatorio de los detenidos, si bien algunos se acogieron a su derecho a no declarar. Varios de ellos quedaron finalmente en libertad con cargos a la espera de ser citados por el juez instructor en la Audiencia Nacional.
