Tras más de tres años de instrucción, sigue abierto en el Juzgado número 1 de Cangas el caso de los tres vecinos de Moaña y Vilaboa que fueron detenidos en 2007 en un caso escabroso por presuntos abusos sexuales a una niña menor, con discapacidad mental, que reside en este último municipio. El juez ha citado a los tres imputados a una indagatoria el próximo 2 de diciembre, a las 9.30 horas, para darles conocimiento de un nuevo auto de procesamiento contra ellos que conllevaría penas de hasta 15 años de prisión. El juzgado ya había dictado hace un año un auto de procesamiento inicial que fue recurrido por la defensa de la menor la cual pidió la ampliación contra los tres imputados por considerar que la niña tenía menos de 13 años cuando ocurrió el presunto abuso. El magistrado admite en el presente auto, indicios razonables de que hubo agresión sexual con el agravante de penetración hacia esta menor cuando tenía la edad de 11 años. Las penas a las que se pueden enfrentar ahora los procesados pueden llegar hasta los 15 años de prisión teniendo en cuenta la circunstancia de la edad, menor de 13 años, que según otras fuentes consultadas supondría ya abusos más graves como la violación.

Por aquellos hechos habían sido detenidos el vecino de Domaio (Moaña), aunque natural de Vilaboa, J.D.G.R, por entonces de 28 años de edad, y los vecinos de Vilaboa E.C.C., de 33, residente en el lugar de Acuña; y A.M.F., de 26, con domicilio en San Adrián, que negaron en todo momento las acusaciones. Familiares de ellos aseguraron entonces que se trató de una "emboscada".

Los vecinos fueron detenidos el 11 de mayo después de una investigación de varios meses efectuada por la Guardia Civil de Moaña que llegó a controlar una casa de madera en medio del monte en Vilaboa a donde presuntamente los detenidos llevaban a la menor.

Aquel día 11 y tras doce horas de declaración en el Juzgado de Cangas, la jueza de entonces decretó, ya cerca de las once de la noche, la libertad condicional para los tres detenidos con una orden de alejamiento de la vivienda de la víctima. Durante estos últimos tres años, los detenidos han tenido que acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Ninguno ingresó en prisión.

En aquellas declaraciones había participado, por razones de guardia, el fiscal Antidroga de Pontevedra, Marcelo Azcárraga, que admitía la complicación del caso por las pruebas que había que practicar a la menor, en alusión a su discapacidad psíquica que, según las fuentes de la investigación, es superior al 40%. De hecho, las pruebas periciales fueron las que prolongaron la instrucción de este caso a lo largo de estos años por cuanto la menor no recordaba la edad qué tenía ni tampoco aportaba datos dado "su retraso mental moderado, es decir importante", según las personas consultadas. Se practicaron pruebas psiquiátricas a la niña y testificales a más de cinco personas. El fiscal concluyó que la menor decía la verdad y en base a su informe el juez ha dictado ahora este nuevo auto de procesamiento.

El día 2 de diciembre los detenidos volverán a las dependencias judiciales de Cangas con motivo de la indagatoria. Acudirán con sus respectivos abogados y lo previsible es que se opongan al contenido del auto, que ya ha sido recurrido.

Se abrirá así un nuevo proceso que llevará a que el caso en vez de ser un procedimiento abreviado se convierta en sumario y pasará a ser competencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Será cuando se redacten los escritos de acusación y de las defensas de los imputados hasta la fecha del juicio. Fuentes consultadas aseguran que hasta que se abra el juicio podrían transcurrir unos seis meses.