La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a ocho años y medio de prisión a un vecino de Vigo, Alfredo P.S., responsable de una red de prostitución de lujo con extranjeras en la ciudad, por delitos de promoción de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.
La decisión judicial de la sección quinta de la Audiencia, con fecha 21 de octubre y hecha pública hoy, implica también, en calidad de cómplices, a la compañera sentimental de Alfredo, Raquel M.S., y a una abogada viguesa, Susana R.P.
La primera de ellas ha sido condenada a tres años y medio por delitos de promoción de la inmigración y contra los derechos de los trabajadores, mientras que a la segunda le ha sido impuesta una pena de dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la abogacía, por un delito de promoción de la inmigración.
Según la sentencia, Alfredo P.S. y su compañera deberán también indemnizar a las inmigrantes que trabajaban para él, con un total de 28.000 euros, por los daños morales causados.
La decisión judicial encuentra probado que el principal encausado regentaba dos pisos en Vigo, en los que empleaba a mujeres para el ejercicio de la prostitución estableciendo los precios de los servicios sexuales y las normas de funcionamiento, ocupándose de cobrar a los clientes directamente o a través de una persona de confianza, y dando a cambio a las mujeres un porcentaje de las ganancias.
Por su parte, su compañera sentimental se ocupaba de las tareas de encargada, pactando con los clientes los servicios que requerían y haciendo cuentas con las víctimas.
La sentencia considera que no quedó acreditado que las mujeres hubieran sido engañadas ni que ejercieran la prostitución en contra de su voluntad, ni que ninguno de los condenados empleara contra ellas violencia o coacción.
Se da la circunstancia, según señala la sentencia, de que Alfredo P.S., se valía de una fundación que había creado, denominada Campus Stellae y cuya finalidad aparente era la de promover el deporte entre la juventud para facilitar, durante los años 2006 y 2007, la entrada en España de mujeres en calidad de turistas procedentes de países de Latinoamérica, en concreto de Venezuela, Argentina y Brasil.
Estas mujeres firmaban contratos como supuestas "animadoras de fiestas" a cambio de que les pagaran los viajes, y que una vez en Vigo se dedicaban a ejercer la prostitución bajo su tutela, agrega la decisión judicial, de 32 páginas.
