El constructor vigués Manuel Constante Torres Veiga, acusado del intento de asesinato del promotor inmobiliario Javier Fernández Herrero en un chalé en construcción en Oia en junio de 2008, se enfrenta a 14 años de cárcel y espera el juicio como preso preventivo desde entonces en la cárcel pontevedresa de A Lama.

A principios de este mes de mayo descubrió que en su mismo módulo del centro penitenciario había ingresado la supuesta víctima, como presunto cabecilla de una red desmantelada por la Guardia Civil que extorsionaba y secuestraba a narcos de O Salnés mediante palizas y actos violentos a cargo de sicarios rusos y albaneses, y que también traficaba con droga.

Durante un tiempo Manuel Constante Torres Veiga y Javier Fernández Herrero compartieron el mismo módulo, hasta que Vigilancia Penitenciaria acordó separarlos hace unos días.

Las versiones de ambos en el Juzgado de Tui fueron distintas. Javier Fernández señaló que el constructor estaba muy agobiado por deudas y él le había adelantado unos 60.000 euros al encargarle los trabajos del chalé de Oia, que incluía la construcción de una piscina,.

Ambos quedaron en la cafetería Alcatraz de Vigo y se dirigieron al chalé de Oia, ya que Torres Veiga trabajaba para la promotora Alugavia de Javier Fernández. Allí le mostró unas humedades y cuando el promotor se agachó para verlas, vio que Torres le apuntaba con un arma. Tras esquivar una primera bala, que le rozó la nuca, saltó por una ventana y huyó a pedir auxilio.

"Si sigo vivo es porque Dios vino a verme. Soy la única persona que le ha ayudado y así es como me lo paga. Quiso liquidarme por deudas. No sé que pudo pasarle por la cabeza, pero estoy convencido de que lo había planeado todo", explicó a FARO DE VIGO horas después del suceso.

En su declaración judicial días después, añadió que Manuel Constante, del que se reconoció amigo y al que iba a dar la construcción de varios chalés en Boiro, le había dicho en varias ocasiones que pensaba suicidarse.

El acusado del intento de asesinato manifestó, primero ante la Guardia Civil y después ante la juez de Tui, que no pensaba matar a nadie, que pretendía suicidarse al estar agobiado con prestamistas "extranjeros", e incluso añadió que llevaba pistola porque tanto él como su familia habían sido amenazados de muerte si no devolvía en unos días el dinero que había pedido prestado. Con tal motivo adquirió el arma en Portugal.

Su defensa rechaza la acusación de asesinato en grado de tentativa y, como alternativa, propone que se considere un delito de lesiones y otro de tenencia ilegal de armas, aplicándose la eximente de alteración psíquica.