“La ley de violencia de género es pionera, lo que faltan son más medios”

La educación en igualdad y medidas de sensibilización son fundamentales para acabar con la violencia de género, aunque también es necesario reforzar y ampliar los equipos psicosociales y de valoración integra adscritos a los juzgados para mejorar la atención y la protección a las víctimas. Así lo asegura Rosalina Carrera, delegada de Violencia sobre la Mujer de Galicia, para quien cada nuevo agresor es un fallo de la sociedad en la lucha contra este problema, que el pasado año costó la vida a 48 mujeres –a 1.181 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos–.

–Acaba de comenzar el año y ya se contabilizan cuatro víctimas mortales de violencia de género. ¿A qué se debe esta escalada?

–Nadie sabe realmente qué está pasando, por qué se producen estos repuntes clásicos, muchas veces justo después de vacaciones, tanto en el verano como después de las navidades. Hay que recordar que en la época del confinamiento se llegó a temer que pudiese haber muchísimas muertes y fue un tiempo en que la violencia de género, por lo menos la denunciada, descendió de forma importante y no se produjo ningún deceso. Lo que sí creo yo que está fallando es la educación en valores que transmitimos como sociedad y no me refiero solo a la que se da en los centros escolares. Cada vez que un joven se incorpora al grupo de maltratadores evidentemente cometemos un fallo como sociedad transmitiendo esos valores de agresión.

"Se intenta deslindar la necesidad de la denuncia porque muchas veces lo que no quiere la mujer es entrar en un procedimiento penal"

–Porque los patrones de violencia se replican en las nuevas generaciones...

–Sí. Lo que cambia es el tipo de violencia que se ejerce. Ni nuestros padres ni siquiera la gente de mi generación podíamos pensar que pudieran darse delitos tecnológicos con esta agresividad.

–¿Cómo evitar estas muertes? ¿Es cuestión de más policías y recursos? ¿De endurecer las penas?

–Cuanto más medios haya mejor, pero como en cualquier tipo de persecución de delitos. Desde hace años, en Galicia se están incorporando policías locales de distintos concellos en las labores de control y protección de las víctimas, pero lo que es imposible, y en esto estamos todos de acuerdo, es que no se le puede poner un policía a cada mujer. Tampoco se trata tanto de endurecer las penas de prisión porque, de hecho, han ido aumentando y no ha significado que haya menos agresiones. Lo que sí se necesitarían son medios en los equipos psicosociales y de valoración integral que están adscritos a los juzgados, puesto que realizan una labor fundamental para atender a las víctimas, para que estas declaren con mayor tranquilidad y para explicar bien cada caso a la fiscalía y al juzgado para que se pueda afrontar mejor la situación que presenta cada mujer y ver qué necesidades de protección tiene porque cada caso de violencia de género es un mundo. También la oficina de atención a las víctimas está haciendo una labor muy importante y también necesitarían más medios porque, además, no solo es para violencia de género sino para todo tipo de delitos violentos.

–¿Echa algo de menos en la ley integral de violencia de género? ¿Hay alguna medida que tenga éxito en otros países que pueda implementarse aquí?

–España es pionera en materia de violencia de género y la ley integral de 2004 ha servido de ejemplo para otras legislaciones extranjeras. En esto sí hemos sido punteros, incluidas las leyes autonómicas y la gallega ente ellas. La norma gallega de 2007 ya incluye aspectos de violencia contra la mujer recogidos en el Tratado de Estambul que no recoge la de 2004. No echo nada de menos en cuanto a lo que está regulado y no tenemos nada que copiar a otros países. Luego, probablemente, faltarán medios, pero hoy en España faltan recursos en muchas parcelas de nuestra vida.

–Se insiste mucho en la denuncia como mecanismo de protección, pero muchas de las víctimas mortales no tenían denuncias previas. ¿Hay cierta desconfianza en el sistema?

–No creo que haya desconfianza en el sistema judicial. Las razones por las que una mujer no denuncia pueden ser muchas y muy variadas. A veces son culturales. Hasta hace unos años las denuncias de mujeres de etnia gitana podían contarse con los dedos de una mano; ahora no es así. Hay víctimas que tienen un conflicto de lealtades y que prefieren esperar a que sus hijos sean mayores para denunciar; otras económicas: dependen del agresor, algo que se intenta solventar con las ayudas que ofrecen Estado y comunidades autónomas; otras veces es por desconocimiento. Hay que fomentar las campañas para que las mujeres sepan dónde tienen que ir, que sepan que pueden denunciar. Se intenta deslindar la necesidad de la denuncia porque muchas veces lo que no quiere la mujer es entrar en un procedimiento penal, por lo que sea. Por eso es importante que se les pueda dar una ayuda inicial, antes del procedimiento, a través de los centros de información a la mujer (CIM).

-No todos los juzgados de violencia de género emiten el mismo volumen de órdenes de alejamiento. ¿A qué se debe esta diferencia?

-Primero, para que se pueda declarar tiene que haber una denuncia. La ley de enjuiciamiento criminal establece que no toda denuncia va unida a una orden de protección aunque la víctima lo solicite, lo cual no significa que no se estén creyendo los hechos que cuenta. Para que se plantee una ley de alejamiento, tienen que existir indicios fundados de que se han producido los hechos delictivos que la mujer denuncia y que haya acreditada una situación objetiva de riesgo para la víctima. Para acreditarla se valoran todas las circunstancias: lo que cuenta la víctima, testigos, estudios forenses, etcétera. Si se considera que no existe esa situación objetiva de riesgo no se concede porque es una medida que también afecta al presunto agresor, y digo presunto porque hasta ese momento no ha sido juzgado, porque se le priva de una serie de derechos que están en contradicción con los de la víctima. Pero el proceso sigue. Esto no quiere decir que después haya nuevos hechos y se conceda. No es una decisión definitiva y puede ser recurrida tanto por la acusación particular como por la defensa.

“Las jóvenes saben que controlar el móvil o como visten es violencia; otra cosa es que lo apliquen a su caso”

–Otra de las medidas de protección son las pulseras de vigilancia. ¿Qué opina de ellas?

–Creo que son un buen sistema porque te permite controlar tanto al presunto o agresor como a la víctima a una distancia que, en principio, facilita la intervención de las fuerzas de seguridad, aunque, por supuesto, es mejorable. He visto informaciones de víctimas que se quejan y de alguna asociación que ha planteado que el agresor o presunto agresor si no ha sido condenado puede ejercer maltrato psicólogo con el uso de la pulsera. ¿Qué pasa en Galicia que tiene una orografía complicada? Que a veces se pierde cobertura, pero como se pierde en el móvil. Eso no es que el agresor quiera perjudicar a la víctima solo que cuando pierde cobertura, por precaución, se avisa a víctima. Pero a pesar de estas incidencias, el 90 o 99 % de las mujeres que la tienen que prefieren esta situación a no llevarla.

–¿Prima la protección de datos del maltratador frente a la víctima? ¿Habría que dar a conocer los nombres de los agresores para evitar que repitan el patrón en nuevas parejas?

–A finales de 2022 hubo una consulta a la Fiscalía de Sala de violencia contra la mujer por mandos del cuerpo de policía que establecía la posibilidad de advertir a la víctima que está poniendo una denuncia de que esa persona ya tiene denuncias por violencia de género. La sala, tras analizar la legislación sobre protección datos española y la europea, que no podemos obviar, concluyó que hacer una transmisión de datos de forma generalizada no es posible, ni siquiera en el caso de agresores sexuales. Esta comunicación me parece aceptable y, desde luego, la suscribo. En cuanto a dar a conocer nombres para evitar que sean reincidentes, tampoco está previsto y tendríamos que hablar solo de los nombres de agresores condenados en sentencia firme, no valdría el nombre de los denunciados porque hasta que no eres condenado eres presunto. No lo veo fácil ni posible sin un marco legal que lo permita y no hay registros de este tipo de acceso público.

–Cerca del 40,3% de las mujeres que sufrieron violencia sexual no denunciaron por vergüenza y el 8,4% porque sintió que no era lo suficientemente importante. ¿No toda la violencia se percibe?

–Respecto a los delitos sexuales, nuestra legislación establece que solo pueden ser perseguidos previa denuncia de la víctima o representante legal si es menor. Si una mujer decide no denunciar bien porque entiende que lo que le ha ocurrido es lo suficientemente importante ni la sociedad ni los fiscales tenemos nada que decir. Las campañas han mejorado la percepción de lo que es o no violencia. Las jóvenes saben perfectamente que el hecho de que te controlen el móvil o que te digan como tienes que vestir es violencia. Otra cosa es que luego en la práctica lo apliquen a su propio caso. En cualquier caso, esa percepción solo se puede mejorar con educación.

“Hay que fomentar las campañas para que las mujeres sepan dónde acudir”

-En el último trimestre del pasado año, 4.344 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor (9 de cada 10), un 6,65 % más que en 2021. ¿Es partidaria de reformar esta dispensa?

-Hay mujeres que se acogen al artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, efectivamente, pero este es un derecho constitucional. Yo entiendo que anularlo completamente es imposible puesto que, si la mujer está en pleno uso de sus facultades mentales y decide no denunciar, salvo que haya testigos que hayan podido verlo o denuncias familiares, su caso nunca va a llegar a juzgados. Pero respecto a ese derecho a no declarar, la última reforma lo ha restringido de manera importante de tal manera que cuando la violencia también afecta a hijos menores o personas necesitadas de especial protección que estén bajo la representación legal o la guarda de hecho de esta mujer, podrá negarse a declarar sobre hechos violentos contra ella, pero no sobre los que afecten a esos menores ni tampoco si se ha personado en la causa como acusación particular aunque luego se haya retirado como tal acusación y tampoco, y esto es lo novedoso, cuando, sin haberse personado como acusación particular, presta declaración voluntariamente después de ser advertida de que puede no declarar durante el procedimiento, y lo hace. Entonces, luego no puede ante el juez de lo penal o el tribunal de la audiencia acogerse a su derecho de no declarar puesto que ya declaró inicialmente. ¿Que sigue habiendo mujeres que se acoge a su derecho a no declarar? Desgraciadamente sí, incluso después de haber declarado ampliamente en la comisaria, pero el derecho empieza a regir desde la comparecencia judicial.

-¿El sistema revictimiza a la víctima?

-Toda víctima, incluidas las de violencia de género, desde el momento en que acuden a la Policía o al Juzgado, y a juicio si llega, tiene que repetir sus vivencias, que son desagradables, pero la victimización secundaria se ha reducido. Luego, cada víctima lo vive de forma diferente, pero se ha reducido desde el momento en que en algunos casos se preconstituye la prueba, cuando hay menores obligatoriamente, ya no tendría que volver a declarar; y se ha mejorado también en las dependencias en las que se presta declaración: no cruzarse con el agresor en el pasillo, no tener confrontación visual en el juicio, el uso a de videoconferencias incluso dentro del mismo edificio. La victimización se ha reducido. Llegar a la victimización cero es imposible desde el momento en que el juez que juzga tiene que presenciar las pruebas. Para ello también ayuda mucho la oficina de atención a las víctimas, que hace una labor muy importante no solo de preparación de la mujer para declarar y explicándole qué va a suceder, tranquilizar y también acompañarla si lo desea. En delitos de violencia sexual se está viendo últimamente que todas las victimas piden estar acompañadas por el psicólogo de estas oficinas. Además, pueden estar acompañadas de una persona de su confianza siempre que no sea testigo porque luego tendrá que declarar.

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