La Audiencia de Pontevedra rebaja 6 meses la pena a un condenado por abuso sexual en virtud de la nueva ley

Nuevas decisiones judiciales a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/22 de garantía integral de la libertad sexual, vulgarmente llamada “ley del solo sí es sí”. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado rebajar en seis meses la pena de cárcel para un condenado por abuso sexual a una menor de 16 años, en aplicación de la también llamada “ley Montero”. En cambio, el tribunal acuerda mantener la condena de nueve años de prisión por abuso sexual al líder de los Miguelianos, al considerar que con la nueva norma sería mayor.

Según informó ayer la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el primer caso sí ha lugar a revisión de la condena porque en la sentencia se había optado por imponer “la pena mínima” dentro de la horquilla punitiva, teniendo en cuenta la aplicación de tres circunstancias atenuantes.

Con la nueva legislación, las magistradas –Nélida Cid, presidenta; Cristina Navares y Mª Jesús Hernández– entienden en una ejecutoria que este mínimo pasa a ser de cuatro años y medio, en vez de cinco, por lo que se le rebaja seis meses la pena al reo.

El hombre, de nombre de pila Eduardo Luis, fue condenado por abuso sexual a menor. Los hechos ocurrieron en 2020, cuando él tenía 26 años y la víctima, 14. Con ella mantuvo al menos siete encuentros sexuales, “a sabiendas de que era menor de dieciséis años”, al tiempo que mantenía una relación sentimental con una tercera persona mayor de edad, según recogía la sentencia.

Además, la joven se había quedado embarazada en una ocasión, debido a que mantenían relaciones sin protección. La menor interrumpió el embarazo de forma voluntaria.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido mantener, por otra parte, la pena del considerado líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, que fue condenado el 28 de diciembre de 2018 por la Audiencia Provincial a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento y penetración.

En su caso, pese a la solicitud de reducción en dos años de la pena impuesta, las juezas –mismas magistradas que en el caso anteriormente citado– han decidido mantener su condena, entendiendo que no cabe revisión alguna porque con la nueva ley el acusado recibiría una pena mayor. “La nueva ley, en este caso, no es más favorable al reo, por lo que no procede la revisión solicitada”, señala el texto de la ejecutoria.