La auditoría de la pandemia, pilotada por el Ministerio de Sanidad, avanza lentamente y con polémica. Investigadores universitarios han mostrado su perplejidad tras recibir un correo electrónico de una empresa pública en la que se les solicita que envíen, de forma gratuita, documentación sobre lecciones aprendidas durante la crisis del coronavirus.
La empresa pública es Tragsatec, del Grupo Tragsa. Según los datos de la licitación, esta compañía es beneficiaria de la contratación del servicio de realización de encuestas para la “Evaluación Independiente del Desempeño del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la respuesta frente a la pandemia de COVID-19”, proyecto financiado por la Unión Europea a través de fondos Next Generation. El importe de la licitación alcanza 58.138,08 euros, y el plazo de ejecución es de dos meses.
En concreto, instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el estudio y la investigación están recibiendo una “llamada pública para recepción de informes” para la evaluación del Desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la Pandemia de COVID-19. Se les solicita “que envíen informes y estudios que contengan una descripción de lecciones aprendidas durante la pandemia y propuestas de recomendaciones en aras de mejorar el desempeño y resiliencia del Sistema Nacional de Salud frente a nuevas pandemias y otros retos de salud”. No se trata, por tanto, de ningún cuestionario de fácil cumplimentación, sino de completos informes.
“Les contactamos con motivo de la llamada pública para la recepción de informes que estamos realizando desde Evaluacovid-19, proyecto que emana del mandato del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para realizar la Evaluación del Desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la Pandemia de COVID-19 y cuyo desarrollo operativo ha sido encargado por el Ministerio de Sanidad a la empresa pública Tragsatec”, reza el correo electrónico en su primer párrafo.
A través de este mensaje, Tragsatec solicita a las “instituciones, asociaciones u organizaciones interesadas” en aportar su trabajo en relación con diversos ámbitos de la evaluación, como “gestión de la crisis” (planificación de la preparación para emergencias), “capacidades del sistema” (salud pública, atención primaria, investigación...) e “información y comunicación” (sistemas de información en la gestión de la pandemia; aspectos sociológicos, psicológicos y pedagógicos relacionados con la aplicación de las medidas no farmacológicas, comunicación de riesgos...).
“Todos los informes y estudios recibidos serán recopilados –prosigue Tragsatec– para la síntesis de la información disponible, y servirán como una de las fuentes de conocimiento para la Evaluación del Desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la Pandemia COVID-19”. La empresa pública pide, además, que se aporte un resumen ejecutivo de la documentación enviada. El plazo de recepción de documentos, que deben ser enviados en formato PDF o similar por correo electrónico, expira a las 23.59 horas del 18 de diciembre.
Algunas de estas solicitudes fueron distribuidas por RedIRIS, red española que interconecta los recursos informáticos de las universidades y centros de investigación. De este modo lo recibió Ana González Neira, profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de A Coruña, que se muestra “perpleja” por esta forma de actuar. “Cualquier persona que trabaje en la universidad española sabe lo duro (durísimo) que es conseguir un euro para investigar”, comenta en un hilo de Twitter. Denuncia que el departamento que dirige Carolina Darias contrató a una empresa para realizar un informe de evaluación, y esa empresa “pide a entes investigadores que gratuitamente le pasen los informes que tienen”. “Se pide cesión de resultados e investigación a coste cero. Quizá en las próximas solicitudes de financiación de proyectos de investigación habría que incorporar este modus operandi”, ironiza.
La evaluación se eterniza
La evaluación de la respuesta de España ante la pandemia avanza a paso de tortuga tras un largo retraso en su puesta en marcha. No fue hasta finales de septiembre del pasado año cuando se hicieron públicos los nombres de los cuatro expertos encargados de esta tarea. Entre ellos, el gallego Xurxo Hervada, que se acababa de jubilar como subdirector xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía de la Consellería de Sanidade. “Mi idea no es buscar culpables, sino identificar lo que hay que mejorar”, decía el epidemiólogo gallego en septiembre de 2021, en una entrevista publicada por FARO. Los otros cuatro expertos son Rosa Urbanos Garrido, economista de la Universidad Complutense de Madrid; Fernando Rodríguez-Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; y Carmen Pérez Romero, economista y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Ya en agosto de 2020, en una carta dirigida a la prestigiosa revistamédica “The Lancet”, una veintena de reconocidos científicos reclamaron un análisis independiente de la gestión de la crisis, tanto la realizada por el Gobierno de España como por las comunidades autónomas.
Cuando la ministra de Sanidad dio a conocer los nombres de los miembros del comité de expertos, Francia y Reino Unido ya habían emitido informes de evaluación de la respuesta a la pandemia de COVID-19.
