El Consejo de Ministros aprobó ayer, víspera del Día del Orgullo, en segunda vuelta, la ley trans, que permite el cambio de sexo en el documento de identidad sin injerencia externa, es decir, ya no será necesario presentar un informe médico o psicológico, para que el Congreso de los Diputados inicie su tramitación. Ha tenido que pasar un año desde que el Gobierno diera luz verde al anteproyecto de esta norma tras unas largas y difíciles negociaciones dentro del Gobierno de coalición.
La ley trans reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género, una de las claves de la norma, y despatologiza a las personas trans, que legalmente dejan de ser consideradas enfermas, de forma que su voluntad será el único requisito para el cambio de identidad registral, acabando de esta forma con los informes médicos y las tutelas médicas y legales. Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) costeará los tratamientos médicos hormonales, cirugías genitales, mastectomías y material protésico. Asimismo, prohíbe las terapias de conversión y facilita la reproducción asistida para las personas “con capacidad de gestar”, por lo que las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja volverán a tener acceso a las técnicas de reproducción asistida de la cartera del SNS.
Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Igualdad, Irene Montero, explicó que el proyecto de ley trans no incluye grandes cambios respecto al texto inicial y mantiene el derecho a la autodeterminación, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe médico o psiquiátrico ni tratamiento médico hormonal. Según el texto, los jóvenes de 16 a 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la misma manera que los mayores de 18. Entre los 14 y 16 años necesitarán autorización de sus representantes legales, y en el caso de los menores entre los 12 y 14 años el cambio se podrá realizar mediante autorización judicial. Además, los menores de 12 años podrán cambiar de nombre en el DNI y ser tratados en el centro escolar conforme al nombre elegido.
"El cambio de sexo registral podrá hacerse sin necesidad de informe médico o psiquiátrico ni tratamiento hormonal.
“Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad lo llevamos en segunda vuelta, la ley trans llega al Congreso antes del verano como nos habíamos comprometido”, manifestó la ministra.
El proceso para el cambio de nombre y sexo, según Montero, durará un máximo de cuatro meses, igual que en el anteproyecto, de forma que las personas trans tendrán que rellenar un formulario en el Registro Civil para indicar la disconformidad con el sexo asignado al nacer y solicitar el cambio. A los tres meses, tendrá que volver al Registro para ratificar esa decisión y en el plazo máximo de un mes el registro deberá dictar la resolución efectiva. Y en ese periodo máximo las personas trans podrán ser reconocidas por las Administraciones “por lo que son sin miedo, sin culpa”.
Montero insistió en que con la ley se manda un mensaje “claro y contundente” de que España siempre contará con el colectivo –nunca un país sin vosotros, dijo– e hizo hincapié en que “de nuevo estamos a la vanguardia” y somos “una referencia internacional” en defensa de las personas LGTBI.
Una de las novedades del proyecto es en lo referente a las personas trans migrantes, que podrán cambiar sus documentos en España si en su país no tienen garantizados sus derechos como persona trans.
“España es un país muy orgulloso de su diversidad”, afirmó Montero, quien ha utilizado en varias ocasiones la terminología inclusiva trans hablando de “todos, todas y todes”. La ministra recordó que la ley incluye sanciones que van de los 200 hasta los 150.000 euros. Montero agradeció a los colectivos porque “gracias a ellos estamos aquí hoy”, así como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y a los ministros que se han participado en la mejora del texto.
Una norma muy necesaria que deja un sabor agridulce
El proyecto de ley trans aprobado ayer por el Consejo de Ministros despierta opiniones encontradas entre los activistas de los derechos LGTBIQA+. Algunos aplauden la norma por dar respuesta a una reivindicación histórica del colectivo trans, mientras que otros lamentan que se ha perdido la oportunidad de elaborar una ley que contemple los derechos de todo el espectro trans. Sin embargo, en lo que coinciden todos es en señalar la necesidad de mejorar el texto en lo referente a los menores trans, los migrantes y las personas no binarias. “Tenemos una sensación bastante agridulce porque estamos perdiendo una oportunidad histórica, que no sabemos cuándo se va a volver a presentar, de hacer una ley que repare la discriminación que sufren todas las personas trans, sobre todo los menores, las personas migrantes y las no binarias, que siguen sin existir legalmente”, opina Cristina Palacios, presidenta de la Asociación de familias de menores Trans Arelas. Palacios lamenta que el texto aprobado por el Gobierno “establece categorías” de personas trans al dejar, además, a los colectivos trans más vulnerables fuera de la ley.
“Me parece lo mínimo que una persona pueda decidir quién es sin que se la cuestione”
“A los menores por debajo de 16 años que no tienen el apoyo familiar, que son la inmensa mayoría, esta ley no les va a cambiar nada su vida”, afirma. Palacios no cree que este texto deba considerarse necesariamente como un primer paso hacia un reconocimiento más amplio de los derechos de las personas trans. En su opinión, puede resultar todo lo contrario. “Cuando ya tienes una ley, es mucho más difícil pedir una ampliación porque te pueden decir: ‘Ya tenéis una ley. ¿Para qué queréis más?’. Puede ser un peligro”, argumenta Palacios, que califica el proyecto de ley del Gobierno de “poco valiente”. “Es un texto muy genérico que en realidad no dice nada y que ni en el ámbito educativo ni en el laboral cambia nada”, se lamenta.
En similares términos se expresa Hayden Dopico, presidente de la Asociación Trans de Galicia, Amizando, que critica que el texto aprobado va a dejar a muchas personas fuera del marco de la ley. “Llevamos luchando muchos años, y vemos que ha habido buenas intenciones, pero que no han servido para nada”, opina. Reconoce, sin embargo, que la norma es un paso en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque finalmente ni siquiera vaya a ser una ley propia, sino un apartado de otra norma más amplia. “Hay que seguir trabajando para mejorarla poco a poco. Es un principio con el que comenzar a trabajar”, explica.
“A un menor de menos de 16 años, esta ley no le va a cambiar nada su vida”
Para Daniela Ferrández, miembro de esta misma asociación y autora de “A defunción dos sexos” (Xerais), la ley trans es “muy necesaria”, aunque matiza que es mejorable. “Es una reivindicación que llevaba en la agenda del activismo trans desde hace años, si bien creo que no es todo lo valiente que debería ser. Se dejó fuera la posibilidad de que los migrantes pudieran acceder a ella, con los menores no llega a ciertos espacios que son necesarios y en los que parece que va a ser más restrictiva aún y las personas no binarias sienten que se han quedado fuera del texto”, afirma.
Para Raquel Cordeiro, representante de Nós Mesmas, la ley trans es una deuda histórica con el colectivo. “Llevamos desde el 2007 reivindicando la autodeterminación de género para que nadie te tenga que decir tu identidad, que puedas cambiar tu identidad sin psiquiatras ni psicólogos”, afirma Cordeiro, que asegura que las personas trans están a la vanguardia de la lucha del colectivo LGTBIQA+ pero a la “cola de los derechos”. Cordeiro coincide en señalar las flaquezas del texto en lo referente a personas no binarias, migrantes y menores. “Me parece lo mínimo que una persona pueda decidir quién es sin que se la cuestione”, recalca la activista, que subraya de esta ley la despatologización de la transexualidad, eliminada como trastorno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017.
