Un total de 128 médicos del Sergas se han declarado objetores de conciencia y se niegan a practicar la eutanasia, un derecho que entró en vigor en junio de 2021. Estos facultativos han solicitado por escrito a la Xunta inscribirse en el registro de objetores que los exime de participar en el proceso para ayudar a morir a aquellos pacientes que así lo soliciten.
El área sanitaria con mayor número de objetores es la de Pontevedra-O Salnés, donde 38 profesionales se acogen a la objeción de conciencia para no aplicar eutanasias. En A Coruña-Cee suman un total de 31 y en el área de Vigo ascienden a 24. En los hospitales de Santiago y Barbanza los médicos objetores son 16, en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos hay 9. En Ourense, Verín y O Barco la cifra es de 7 y en Ferrol solo son 3.
La objeción de conciencia está contemplada en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia aprobada por el Gobierno. Son las comunidades las que deben crear un registro de objetores. En todo caso, la norma establece que las autonomías deberán aplicar las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir.
Esta misma semana la familia de un enfermo de 90 años que reclama eutanasia criticó la actitud “obstruccionista” de la Xunta y las demoras en darle una respuesta.
Desde que se activó la ley en junio del pasado año más de 450 gallegos se pronunciaron sobre la eutanasia en su testamento vital. Son un tercio de los documentos de voluntades anticipadas suscritos durante el pasado ejercicio. Sin embargo, la Consellería de Sanidade no detalla en qué sentido dictaminan, es decir, cuántos piden la eutanasia y cuántos la excluyen de sus opciones médicas.
Un cálculo basado en los estudios de los que actualmente disponen en la asociación Derecho a morir dignamente (DMD), elaborados en base a la experiencia dada en los países europeos que ya lo han regulado, estima que aproximadamente unas 156 personas podrían solicitar ayuda para morir en Galicia al año.
En la comunidad ya se practicaron las primeras eutanasias. La primera fue la de un enfermo de cáncer de Ourense a pocos meses de entrar en vigor la ley. La Consellería de Sanidade, en todo caso, es reacia a informar sobre los pacientes que han recibido ayuda para morir en los hospitales del Sergas.
Aquellos gallegos que quieran acogerse a este derecho tendrán que presentar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por cualquier otro medio en el que puedan dejar constancia de que no sufren “ninguna presión externa”. Entre una petición y otra deberán transcurrir 15 días naturales. Los plazos podrían acortarse solo si hubiese riesgo de que la persona pudiese quedar incapacitada.
Tras la primera solicitud el Sergas asignará ya un médico responsable. Aunque, en un principio, se fijaba un plazo de dos días naturales para nombrar a este facultativo, encargado de tutelar el proceso, el protocolo cambió a finales del pasado año y simplemente se contempla ahora que se asignará “en el menor tiempo posible”. Después un segundo médico consultor deberá examinar la historia clínica del paciente y corroborar que cumple los requisitos.
Cuando existan discrepancias entre el médico responsable y el consultor intervendrá la comisión de garantía y evaluación, formada por médicos, enfermeros y juristas y que será la que tenga la última palabra en el proceso.
La eutanasia puede ser aplicada por un profesional sanitario a través de una inyección intravenosa o bien puede ser el propio enfermo quien se tome los fármacos en forma de pastillas.
