Casaba a parejas a sabiendas que más que el amor les unía el interés por hacerse con el permiso de residencia en España. Así fue como un cura hizo del matrimonio un negocio redondo.

Los pasillos de la Audiencia Provincial de Murcia se convirtieron ayer en un reguero de acusados, abogados y estudiantes en prácticas por la celebración del juicio contra un párroco que montó un lucrativo negocio formalizando matrimonios de conveniencia entre nigerianos que querían lograr el permiso de residencia en España y mujeres de etnia gitana. Entre 2007 y 2011 el párroco Fernando N., que todavía está en activo, llevó a cabo un total de 16 bodas falsas cuando era titular de la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la pedanía murciana de Santo Ángel.

El religioso, que reconoció los hechos tras pactar su defensa una rebaja en la petición de cárcel por parte de la Fiscalía, ha sido condenado a veinte meses de prisión y al pago de dos multas de 480 euros cada una por los delitos continuados de falsificación de documentos oficiales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

El párroco, que desde 2001 a 2012 estuvo en dicha ermita y que ahora ejerce sus funciones en otra iglesia de Cartagena, llegó a cobrar entre 300 y 7.000 euros por cada enlace matrimonial que realizaba de forma falsa, ya que firmaba y ponía el sello de la iglesia en la documentación que los cónyuges presentaban en el Registro Civil

El Ministerio Fiscal pedía para él un total de cinco años de prisión solo por el delito de falsificación de documentos, pero ha teniendo en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada debido a que estos casamientos que no siguieron el orden de tramitación marcado por la Iglesia Católica ocurrieron hace más una década. 

Todos los contrayentes, en el banquillo

Entre los acusados también se encontraban todos los contrayentes de cada matrimonio, más otros dos colaboradores del cura que captaban a las mujeres gitanas entre Murcia y Alicante. Tras convencerlas, estos dos acusados y condenados también por los mismos delitos que el párroco reclamaban sus documentos de identidad para llevar a cabo esos enlaces sobre el papel. Las penas impuestas por los magistrados de la Audiencia han sido las pactadas entre las partes tras rebajar la petición de la Fiscalía, ya que se quedan finalmente en un año de prisión cuyo cumplimiento se queda en suspenso con la condición de no cometer otro delito en un tiempo estimado, al igual que el cura. 

La trama buscaba legalizar la situación en España de ‘sin papeles’ a cambio de una suma de dinero que oscilaba entr 300 y 7.000 euros. No se realizaba ni siquiera un acto de celebración, sino que se firmaban los documentos necesarios para que los inmigrantes recibieran en el Registro Civil el Libro de Familia para solicitar la residencia en el país al estar casados con una ciudadana española.

El cura no tramitó los expedientes matrimoniales necesarios ni reflejaba en la documentación el domicilio real de las personas implicadas. El resto de acusados, una veintena en total, también aceptaron las penas impuestas, inferiores a los cabecillas de la trama. 

La Fiscalía también reclamaba la nulidad de los matrimonios que realizó este párroco y la revisión de la situación legal en España de los acusados de origen nigeriano. 

El Obispado no valoró ayer el futuro de este párroco tras la condena, ya que actualmente ejerce en una iglesia de Cartagena.