Los sindicatos docentes ANPE y CSIF cuestionan la legalidad de la medida que permite este curso promocionar y titular, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas. El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, califica como un "despropósito" esta medida incluida en la orden ministerial, que contiene lo pactado por Celaá con la mayoría de los gobiernos autonómicos.
El presidente de ANPE cree que la orden contiene medidas que "ni están consensuadas ni respetan el marco jurídico vigente". "Atenta también contra la autonomía organizativa de los centros, contra la libertad de cátedra del profesorado y de los equipos docentes, y por supuesto, afecta al principio de igualdad de oportunidades de todo el alumnado", apostilla Fernández.
CSIF anunció que estudiará "acciones jurídicas" para evitar "agravios comparativos". Considera que las desigualdades entre comunidades se pueden acentuar en la titulación de Bachillerato. "Puede darse la situación de que algunas comunidades otorguen el título de Bachillerato y por tanto se permita el acceso a la universidad con materias suspensas, mientras que en otras no será posible".
Por su parte, la Federación de Enseñanza del sindicato USO, reclama "dar mayor protagonismo al profesorado y proporcionar más autonomía a los centros educativos" a la hora de evaluar en una situación "atípica y novedosa". "Ellos son los más capacitados para adaptar el currículo y aplicar la flexibilización", apunta.
