La práctica paralización de los juzgados de toda España (salvo las causas con preso) durante la crisis del coronavirus, con miles de asuntos señalados que no han podido tramitarse y a los que se sumarán miles de casos nuevos, la mayoría socieconómicos, una vez que se levante el estado de alerta por el coronavirus, ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a preparar un plan de choque que permita mitigar el colapso previsto en la Justicia y que afectará de forma especial a los Juzgados de lo Social, Mercantil y Familia.
La Comisión Permanente, en su reunión de ayer, abordó lo que prevé será "una situación inédita y excepcional en nuestros Juzgados y Tribunales," ante la que considera necesario estar preparados "para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos, consecuencia tanto de la propia reanudación de la actividad judicial suspendida -puesta al día de cada procedimiento, reordenación de los señalamientos, incoación de nuevos asuntos que se encuentran en espera en los despachos de abogados- como del previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma como despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos de personas físicas y jurídicas, impagos, desahucias, procedimientos de familia e incluso las numerosas sanciones impuestas por el confinamiento.
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El plan de choque articulará medidas "que deberían activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de alarma", según acordó ayer el órgano de gobierno de los jueces. Se busca eficacia, especificidad en todos los órdenes jurisdiccionales y globalidad.
Reformas mediante decretos
Entre las posibles actuaciones se incluyen propuestas de reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante Real Decreto Ley; medidas organizativas de todo tipo, desde la concentración de asuntos, especialización y normas de reparto, al incremento de los medios personales y materiales que sean necesarios.
El plan, según el texto acordado ayer, se implantará de manera coordinada y con la colaboración de otras instancias, tanto a nivel interno (grupos de trabajo en el seno del Consejo General del Poder Judicial y en los Tribunales Superiores de Justicia) como a nivel externo (Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia y operadores jurídicos).
En la primera fase, que se desarrollará en el seno del CGPJ, se constituye un grupo de trabajo técnico para cada orden jurisdiccional (civil, penal, social y contencioso-administrativo).
En una segunda fase, se dará traslado de esas propuestas a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para lo constitución de sus propios grupos de trabajo. En ese momento el TSXG abordará las necesidades de Galicia. En la tercera fase se constituirán los grupos de trabajo externos: uno con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, caso de la comunidad gallega, y posteriormente se implantará el plan a nivel nacional.
Fabián Valero / Abogado laboralista
Fabián Valero / Abogado laboralista
"O refuerzan el número de jueces y funcionarios o Social colapsará"
El abogado laboralista del despacho Zeres Abogados de Vigo, Fabián Valero, acumula en su despacho numerosos procedimientos que entrarán en los Juzgado de Social y el Mercantil en cuanto se levante el estado de alerta. El plan de choque que prepara el Consejo General del Poder Judicial debe conllevar, en su opinión, más medios materiales y humanos.
"O se refuerza el número de jueces y de funcionarios o la jurisdicción colapsará", advierte, a la vez que recuerda que está todo parado desde hace tres semanas y que llegarán al mismo tiempo miles de notificaciones de procedimientos urgentes: "Despidos, conflictos colectivos, ERE, ERTE, impugnaciones de alta médica, vacaciones... Va a ser mucho pero que la huelga del funcionarios de Justicia de hace dos años. Ahora están cerrados todos los juzgados, con un montón de señalamientos suspendidos a los que hay que poner fecha". Otra opción también posible, apunta, es que se considere hábil el mes de agosto.
Isabel Olcina / Abogada de familia
Isabel Olcina / Abogada de familia
"La pérdida de empleo llevará a solicitar reducción de pensiones"
Los Juzgados de Familia también se verán desbordados por multitud de asuntos, tanto pendientes como nuevos, en cuanto se levante el estado de alerta, según las previsiones que maneja el Consejo General del Poder Judicial.
"La pérdida de empleo llevará a solicitar miles de cambios de medidas y la consiguiente reducción de las pensiones", expone la letrada viguesa Isabel Olcina, especialista en Derecho de Familia. Advierte, no obstante, que los afectados por los ERTE no podrán solicitarlo:"El cambio de medidas es un procedimiento muy técnico y conlleva que la situación económica varíe sustancialmente pero con continuidad en el tiempo. Es decir no se concede por una medida temporal de suspensión de empleo que sólo durará unos meses".
Apunta que también se presentarán entonces las numerosas ejecuciones sobre los incumplimientos en las visitas de los hijos menores durante la cuarentena.
