"Una mujer que huye del maltrato". Así se define Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que el verano del año pasado se fugó con sus dos hijos para no entregarlos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y estuvo un mes en paradero desconocido. Un caso que conmocionó al país y que ahora ha llegado a los Juzgados. La Fiscalía pide para la mujer una condena de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y uno de desobediencia. Un juicio que lleva el Juzgado de lo penal número 1 de Granada y que ha quedado visto para sentencia después de que la mujer declarase días atrás. En su defensa, Rivas reclama que se tengan en cuenta los malos tratos que sufrió, y denunció, durante su vida en común con Arcuri.
En un escrito remitido ayer a los medios, Rivas insiste en que al llevarse a sus hijos actuó convencida de que su expareja "los maltrataba" también a ellos. Pero lamenta que la Administración tardase más de un año en remitir su denuncia por malos tratos, registrada en julio de 2016, a Italia. En el país transalpino la denuncia lleva paralizada un año, lo que ha permitido al abogado de su expareja "jactarse" de que aún no se está tramitando en los Juzgados italianos, lo que, sostiene Rivas, "es verdad", para su "desgracia".
En su escrito, asegura que siempre ha respetado la ley, pero se pregunta si existe alguna norma que diga que "a una mujer que huye del maltrato" y presenta una denuncia para que el Estado la proteja a ella y a sus hijos "se la pueda tener más de dos años sin investigar si lo que dice es verdad", mientras que "a todo lo que solicita el que es denunciado por el maltrato, con antecedentes ya sentenciados, se le da prioridad".
Una "vida digna"
La madre granadina asegura que quiere "una vida digna de ser vivida" por ella y por sus hijos, pero considera que el "gravísimo problema" está en la aplicación de las leyes, por lo que pide que se desarrollen en la "realidad diaria" que viven ella y "tantas mujeres" que sufren su misma situación, tanto en España como en Italia, donde la española está inmersa en dos procesos judiciales: el relativo a su denuncia por malos tratos y otro por la custodia de sus hijos.
