El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado remitir la documentación recabada sobre los pacientes afectados por el cierre de las clínicas iDental a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe "ilícito penal".
El Gobierno y autonomías han acordado también recordar a las entidades financieras y no financieras que no deben seguir cobrando los créditos vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido los tratamientos en cumplimiento de la Ley de Contratos de Créditos al Consumo.
El Defensor del Paciente asegura tener constancia de que esta compañía reutilizaba material odontológico sin esterilizarlo.
