El objetivo de la jornada organizada en el Senado por la Fundación Mujeres y el fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto es visibilizar a las víctimas más vulnerables de la violencia machista y reclamar a las instituciones instrumentos de reparación del daño. Por este motivo, una de las iniciativas de la familia de la fallecida fiscal Soledad Cazorla fue poner en marcha en febrero de 2016 un programa de becas para apoyar económicamente y acompañar a las familias que asumían la responsabilidad de la crianza de los hijos de las mujeres asesinadas.

Desde su puesta en marcha se han tramitado 19 ayudas por un importe de 38.285 euros a diez familias, una de ellas gallega. Los motivos que impulsaron esta propuesta fue la ausenica de ayudas económicas para las familias, a las que no se considera víctimas en relación con las obligaciones fiscales, y la falta de especialización profesional en los ámbitos relacionados con la atención a estas familias.

Según recordó el promotor del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, Joaquín Tagar, "hay más víctimas de violencia de género que víctimas de ETA, sin embargo la atención a los primeros no ha movilizado a la sociedad posiblemente porque los poderes públicos tampoco se han movilizado", dijo para acto seguido criticar que las pensiones de estos huérfanos apenas alcanzan los 200 euros y son muy pocas las familias que perciben 600 euros de pensión. Al respecto, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Sotelo, lamentó que a la mayoría de las familias que reclamaron esta pensión con anterioridad a 2015 se les denegó por "inexistencia o no suficiencia" de las cotizaciones de las madres.

"Hablamos de menores que se han visto golpeados por un crimen atroz y, si nos somos capaces de reparar ese daño, las consecuencias de la violencia de género nos acompañarán durante muchos años", afirmó Sotelo, que recordó que "invertir en su futuro es una forma más de acabar" con esa violencia que, en muchos casos, "estigmatiza" a las familias.

En la actualidad, en el Congreso se debate una proposición de ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de estas víctimas y también el Pacto de Estado contra la violencia de género recoge algunas medidas dirigidas específicamente a estos menores.