Galicia Bilingüe ha asesorado a una familia de Pontecaldelas para que reclame a la Consellería de Educación el coste que les supone el transporte de su hija hasta un centro concertado a 15 kilómetros de distancia de la localidad. La organización explica que los progenitores "tuvieron que cambiar a su hija" de colegio para que "al menos, pudiera recibir en español las asignaturas establecidas en el Decreto" porque hasta entonces se le impartían todas las materias no lingüísticas en gallego.
Además en este caso, subraya Galicia Bilingüe, la "vulneración" de los "derechos lingüísticos" de la niña "va más allá porque la familia se había mudado a comienzos de curso desde fuera de Galicia". Así, denuncia que en el centro "no atendían las especificidades de la niña", que tiene "derecho", afirma, "no solo a no ser evaluada en la asignatura de gallego durante los dos primeros cursos, sino también a que no se le impartan materias en gallego" mientras su "dominio previo de esta lengua, no el simple conocimiento, no sea el adecuado". La organización asegura que este derecho lo establece una sentencia del Constitucional.
La reclamación de la que da cuenta Galicia Bilingüe es la segunda que estos padres plantean a Educación. Tras la primera negativa, repiten queja asesorados por la asociación. Esta explica que tuvieron que buscar otro centro al ver "cómo la situación repercutía negativamente en el rendimiento".
Los padres también reclaman que se abran diligencias informativas por el "incumplimiento del Decreto" y piden a Educación que "instruya" a la dirección del centro sobre la doctrina del Constitucional cuando se matriculen alumnos que vengan de fuera de Galicia. "No basta", dicen, con la exención de notas en Lengua y Literatura gallegas, ni con "un par de horas a la semana" de clase ya que, "sobre todo el primer curso que realicen en Galicia, es imposible que alcancen un dominio suficiente de la lengua gallega en los términos descritos por el Constitucional".
Por su parte, desde Educación afirman que han actuado "cumpliendo de modo escrupuloso la normativa vigente" y "velando en todo momento por el derecho de la niña a una educación de calidad". Afirman que "no hubo incumplimiento de la norma" y que Inspección Educativa asegura que el centro de Pontecaldelas cumple "con total normalidad" el decreto de lenguas en la enseñanza.
Además, afirman que Educación autorizó el traslado a un centro de Soutomaior por su "incorporación tardía al sistema gallego, el consenso entre los inspectores de los dos centros, la inadaptación demostrada de la niña al colegio y la petición expresa de su padre". "A posteriori", explican, el padre exigió un transporte, "privilegio al que no tiene derecho por tratarse de un centro privado concertado".
