28 de septiembre de 2012
28.09.2012

Islas de la discordia

Los antiguos dueños de Ons están a la espera de una mayor indemnización mientras que los descendientes de Montero Ríos reclaman una parte del islote de Tambo

28.09.2012 | 18:46
Vista aérea de la Isla de Cortegada, en la desembocadura del Río Ulla.

Hace unos días, al buscar un ejemplo para comparar el tamaño de las islas que se disputan China y Japón, el locutor de una emisora nacional de radio dijo que eran "como las Cíes". Sin llegar al grado de confrontación de la polémica suscitada por las Diaoyu (los japoneses las conocen como Senkaku), la cuestión es que algunas islas gallegas son también objeto de controversia entre el Estado y sus antiguos propietarios.

Tras haber pasado a titularidad pública en 2007 las islas de Sálvora y Cortegada, en la actualidad está pendiente el pago de la indemnización a los herederos del antiguo dueño de Ons, mientras que los descendientes de Montero Ríos reclaman sus derechos a una parte del islote de Tambo, de titularidad estatal y en manos del Ministerio de Defensa. El archipiélago de las Sisargas, por su parte, continúa en manos privadas, pendiente de su posible incorporación al Parque Nacional Illas Atlánticas.

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo fallaba a favor de los herederos de Manuel Riobó, antiguo propietario de la isla de Ons, en un recurso de casación sobre la indemnización que debe abonarles el Estado. El Supremo anulaba así una sentencia del Tribunal Superior de Madrid que fijaba en 350.000 euros la cantidad para indemnizar a la familia al ser imposible la reversión "in natura" de la isla, que forma parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas. La empresa Tragsa había fijado el valor de Ons en 6,9 millones de euros, de los que a los Riobó le correspondería cobrar el 5%. Tras el fallo del Supremo, el Estado tendrá que establecer ahora una nueva tasación.

La familia Riobó lleva más de una década de pleitos con la Administración, un contencioso que hasta ahora sólo le ha supuesto gastos. Su portavoz, Manuel Riobó, que trabaja como médico en Vigo, apunta que ellos sólo piden que se les pague el metro cuadrado al mismo precio que se abonó a los antiguos propietarios de la isla de Sálvora. Recuerda que la Xunta pagó 1,8 millones de euros en 2007 por la compra de la isla de Cortegada, en la ría de Arousa, a la empresa inmobiliaria, y que poco después pagó 8,4 millones de euros a Caixa Galicia por la isla de Sálvora.

El futuro de la isla de Tambo, situada en la ría de Pontevedra y propiedad del Estado, está pendiente de la reclamación judicial de unos antiguos propietarios, mientras que los municipios de la zona y diversos colectivos promueven algún tipo de protección medioambiental que preserve el islote.

Los descendientes de Eugenio Montero Ríos reclaman la propiedad de una cuarta parte del terreno de la isla, unas seis hectáreas. Si logran que los tribunales reconozcan su propiedad, el Estado tendría que indemnizarles, pues tampoco podrían realizar intervención alguna en la isla ya que todo el terreno está afectado por el dominio público marítimo-terrestre. El islote de Tambo tiene una superficie aproximada de 1,5 kilómetros cuadrados, con un ancho máximo de 600 metros.

La isla fue de uso castrense desde mediados del siglo XX hasta 2002, cuando quedó oficialmente desmilitarizada. Entre las instalaciones militares había un polvorín subterráneo de la Marina, hoy abandonado y en ruinas. Tambo sigue en manos del Ministerio de Defensa, aunque extraoficialmente se ha entregado ya al Concello de Poio. La cuestión es que el ayuntamiento no dispone de los medios necesarios para hacerse cargo de la misma, por lo que está elaborando un proyecto de posibles usos para contar con la colaboración de algún organismo público.

En su momento se descartó su inclusión en el Parque Nacional Illas Atlánticas por la presencia en sus inmediaciones de las instalaciones de Celulosas y porque no reúne la biodiversidad suficiente para poder integrarla en el mismo. La idea que barajan en el ayuntamiento de Poio es que se le asigne algún tipo de protección medioambiental para que la isla sea de una vez por todas de uso público. Lamentan, por ejemplo, que el embarcadero destruido el año pasado por un temporal siga sin arreglarse.

Sálvora y Cortegada
Sálvora y Cortegada fueron las últimas en pasar a titularidad pública. Con una superficie de cerca de 190 hectáreas y una cota máxima de 71 metros, la isla de Sálvora pertenece al municipio de Ribeira. En 1958 la familia Otero-Goyanes recuperó la propiedad de la isla, junto con los islotes de Vionta y Noro, estando la isla libre de cargas fiscales y siendo el precio de compra al Estado español de 1.293.758 pesetas de la época. En marzo de 2007 la Isla fue adquirida por Caixa Galicia por 8,4 millones de euros y a finales de ese mismo año el Ministerio de Medio Ambiente ejerció su derecho de tanteo, comprando Sálvora, Vionta y Noro por esa misma cantidad. La Xunta de Galicia figura como titular desde el 1 de julio de 2008, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente.

La isla de Cortegada había sido adquirida en 1910 por suscripción popular para donarla al rey Alfonso XIII, con el fin de que construyera en ella su residencia de veraneo, de la que incluso se llegaron a elaborar los planos. Finalmente no se llevó a cabo porque el rey decidió establecer su residencia estival en el Palacio de la Magdalena (Santander). La isla pasó al patrimonio de Juan de Borbón en 1958, quien la vendió a la sociedad Cortegada S.A. (1979), una inmobiliaria que quería construir una urbanización de lujo y un puente que comunicase la isla con tierra firme. Los vecinos de Vilagarcía, mediante la Comisión Pro-Cortegada, consiguieron que se declarase la isla parque natural público, paralizando y así el proyecto urbanístico. La isla, que pertenece al Parque Nacional Illas Atlánticas, fue expropiada el 30 de agosto de 2007 por la Xunta, que pagó un justiprecio de 1,8 millones de euros a la inmobiliaria

Las islas Sisargas, frente a Malpica, continúan en manos privadas, aunque en negociaciones con el Estado, que gestiona la compra de las tres islas coruñesas con los herederos del conde de Altamira y de Luz de Mora y Aragón. De conseguir este objetivo, las Sisargas serían integradas en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, transferido a la Xunta y que incluye a las Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. Marineros y percebeiros están pendientes del futuro del archipiélago, porque de él depende su trabajo, aunque desconocen cómo van las negociaciones y el futuro usos público de las Sisargas. Las autoridades locales de Malpica abogan por que las islas sean un espacio natural protegido, y el primer paso para ellos es conseguir que sean públicas.

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