Cuando en mayo de 2012 se decidió el cierre del asilo de Pontevedra, atendía a un total de 160 residentes que tuvieron que ser reubicados en otros geriátricos. Aquel cierre provocó una serie de movilizaciones por parte de los trabajadores del ente que denunciaban supuestos intereses especulativos detrás del cierre, así como el interés de la congregación por vender un gran edificio con uso sociosanitario en una ubicación muy céntrica.
Entonces, el abogado de la congregación, Jaime Fernández-Martos, insistía en que la única razón del cierre eran los incumplimientos del edificio a respecto de la normativa en vigor para este tipo de establecimientos y la millonaria inversión que era necesaria para adaptarlo.
Fernández-Martos, destacaba estos días que "el paso del tiempo nos acabó dando la razón frente a quienes dudaban de las intenciones de las Hermanitas o a quienes decían que había intereses especulativos detrás del cierre".
En 2012, durante una visita a Pontevedra, el abogado señalaba que el inmueble entonces incumplía casi "todas las normativas posibles' en materia de prevención de incendios, accesibilidad o servicios sociales", entre otras, y que aunque ninguna administración había ordenado el cierre de las instalaciones, decidieron clausurarlo "por responsabilidad". Fundado en 1879, el asilo fue hasta 2012 un referente en la ciudad.
