El Tribunal de Xustiza de Galicia admitió a trámite el contencioso de la familia Romay Graña contra el proceso de expropiación iniciada por el Concello de Poio con el que buscaba la titularidad pública de un camino privado. Se trata de un acceso de unos 250 metros integrado dentro de una finca donde se enclava un pazo y que el gobierno local quiere hacer público después de que dos sentencias, la última de ellas por la Audiencia en 2015, reconociese el carácter privado del vial que sirve de acceso a tres viviendas de una urbanización de reciente construcción. El Concello tiene un plazo de veinte días para presentar la documentación sobre el proceso de expropiación.
La admisión a trámite del recurso paraliza, al menos momentáneamente, el proceso de expropiación iniciado por el Concello a raíz de que la Audiencia Provincial confirmase la sentencia de 2014 por parte del Juzgado número 1 de Primera Instancia de Pontevedra dictase que la porción de terreno pertenecía a la comunidad de propietarios Romay Graña y, al mismo tiempo, le imponían a la administración local los costes procesales.
En el callejero municipal figura con el nombre Travesía do Castelo, no tiene salida, está asfaltado por el ayuntamiento e incluso cuenta con los correspondientes servicios de saneamiento bajo la capa de rodadura. Pero, según indica la sentencia de la Audiencia, el camino no formaba parte de la finca de esta familia en la que se enclava también un pazo y que tan solo existía una servidumbre de paso autorizada a unos particulares hacia unas fincas situadas en las inmediaciones, reforzando el reconocimiento de propiedad privada.
"El problema es que dan una licencia para una urbanización sin tener salida porque van a hacer un vial que no está ni trazado", señala Miguel Romay, uno de los hermanos de la comunidad de propietarios del pazo Torre de Graña. Y es que los Romay Graña acusan el gobierno local de dar licencia a la construcción de la urbanización "pese a no tener salida a un vial público" y "apropiarse" del camino tras asfaltarlo y dotarlo de servicios.
Tras la sentencia favorable a los propietarios, el Concello inició el proceso de expropiación, ahora frenado, alegando "interés público" en contra de la postura que mantienen la familia propietaria. "Hablando claro, no hay ningún interés público, lo que hay es un intento de beneficiar a un particular. Hay que demostrar utilidad pública y no la hay", afirma Romay.
"Interés público"
"Lo que quiero es que se demuestre que hubo una falsedad", indica uno de los propietarios del vial, que acusa al Concello de "aprovecharse de que los herederos del pazo están en Madrid" e incluso acusa al alcalde, Luciano Sobral, de "amenazarlo" en una entrevista que tuvieron anteriormente al proceso de expropiación. Es más, los Romay Graña también critican que el proceso iniciado para convertir el camino privado en público se hiciese sin "marcar el vial ni convocar a los vecinos afectados".
Los propietarios aseguran que en el gobierno local eran sabedores de la naturaleza privada del vial y recuerdan que siendo más joven el propio Sobral "abrió y cerró en más de una ocasión la verja que, hace ya muchos años, delimitaba la propiedad y evidenciaba de que se trataba de una porción más de la finca adyacente. "Ahora con esta expropiación todos los vecinos de Poio van a tener que pagar de su bolsillo para subsanar un error" cometido por el Concello. Es más, Romay Graña incluso advierte de que la familia presentará "una querella por prevaricación y malversación de fondos".
La familia Romay Graña tiene previsto otro juicio en abril con los propietarios de la urbanización tras impedirles el uso del camino.
