La sanción millonaria que el Tribunal Europeo impuso a España por la mala depuración de las aguas residuales amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas, según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Así lo puso de manifiesto en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones de euros por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, entre ellas en Ribeira, Santiago y Vigo.
Morán ha calificado de "inadmisible" y de "desastrosa" la situación que se encontró el actual Gobierno en materia de depuración de aguas residuales y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ahora "contrarreloj" para revertirla. Morán explicó que el Estado ya ha adelantado el pago de los 12 millones de euros de la multa, pero también que el Gobierno está preparando un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros para repercutir esa cantidad sobre las administraciones públicas que han sido responsables de los incumplimientos, entre ellas las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El secretario de Estado indicó que además de esta sanción, España se enfrenta en la UE a otros cuatro procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración, y que uno de ellos afecta a aglomeraciones con una población de 10.000 habitantes que vierten en lugares en los que se requiere un mayor control de la contaminación. Son las de Marín-Poio-Bueu (Pontevedra), Berga (Barcelona), y Figueres y el Terri-Banyoles (Girona).
