Desde el TSXG se especificó en los últimos días que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que opta por este modelo contempla la posibilidad de especializar más juzgados, en la misma ciudad o en otra distinta de la misma provincia, en función de las necesidades que se vayan detectando. Textualmente señalan que se podría atribuir esta competencia para tramitar litigios sobre cláusulas suelo "siempre que hubiere razones que lo justificasen, en atención a la carga de trabajo y mejor servicio a la Justicia".
La medida entra en vigor a partir del 1 de junio, fecha desde la cual los juzgados de primera instancia del resto de la provincia dejarían de asumir nuevos casos sobre cláusulas suelo mientras que en teoría continúan tramitando aquellos que han ingresado hasta el momento (160 en la ciudad del Lérez según los datos de la Xunta desde enero).
A partir de los próximos días se espera una avalancha de reclamaciones judiciales al vencer el plazo de tres meses que tenían las entidades bancarias para responder a las reclamaciones extrajudiciales realizadas por sus clientes. En muchos casos por silencio o falta de respuesta o en otros por que la oferta realizada por el banco no cubre el 100% de la cantidad reclamada por el cliente. Asociaciones de consumidores como Rías Baixas también critican la medida al tener que interponer todas sus demandas en Vigo.
