Ha pasado más de una década desde la impugnación de la Comunidad de Montes de San Salvador sobre los 28 chalés de la urbanización "Lanzamar", ubicada en A Caiera, pero la preocupación de los propietarios por el futuro de sus casas sigue presente.
La última sentencia del Tribunal Supremo, del 15 de diciembre de 2016, fallaba en contra del recurso de casación presentado por el Concello de Poio y la Comunidad de Propietarios de la citada urbanización. La posible demolición de los inmuebles estaba, por tanto, un paso más cerca.
Sin embargo, desde los servicios jurídicos del Consistorio entendieron que había elementos de la sentencia "recurribles" porque en su forma están "poco especificados" y, por tanto, elevaron un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, como así explicó el actual concejal de Urbanismo, Gregorio Agís, en el Pleno Ordinario del día 31.
Aunque no hay fecha estimada para la resolución del Tribunal Constitucional, éste será quien decidirá si la demolición debe hacerse efectiva para devolver un lugar que los últimos textos jurídicos entienden que pertencía a la Comunidad de Montes a su estado original. Mientras, desde el Concello apelan a la cautela y aseguran que no se reunirán con la Comunidad "cuando el PP lo diga", aunque "ya ha habido contactos con algún vecinos y con los abogados" y se siguen "buscando fórmulas de actuación, ya que es un tema muy complejo".
Ante esta situación, los vecinos se mantienen con una tremenda incertidumbre. Para la próxima semana han programado una nueva reunión para establecer los pasos a seguir. La mayoría de las 28 familias afectadas prefiere mantener su mutismo acordado y no hablar ante la prensa. Preguntados, eluden responder o bien señalan directamente al administrador de la comunidad como su portavoz.
¿Qué va a pasar?
Otros, sin embargo, sí aprovechan para reclamar sus derechos y expresar su preocupación.La propietaria Cristina Pino destaca que "esta es una situación insostenible". "Llevamos varios años ya así. No sé qué va a pasar con mi casa. Estamos ante la tesitura de que nos podemos quedar sin ella", explica.
Una de las propietarias de los chalés declarados como "ilegales" por el Tribunal Supremo recuerda que antes de invertir "una buena cantidad de dinero", ella y su marido acudieron al Registro de la Propiedad para confirmar que la compra era legal, por lo que entiende que ahora el Concello de Poio es el que debe "dar explicaciones". Sin embargo, Pino asegura "no recordar" cuándo fue la última que el Concello de Poio se puso en contacto con ellos y que conocen las últimas novedades "por la prensa".
