Augas de Galicia, que en julio pasado emprendió el proceso para regularizar la situación de la depuradora de Placeres, afronta ahora un proceso parecido con el emisario submarino. Ambas instalaciones quedaron en un "vacío legal" cuando en junio pasado, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar resolvió la revisión de sus concesiones en esa zona de Lourizán, incluyendo las instalaciones de Ence, y concluyó que tanto la Edar como el emisario carecían de concesión. No obstante, admitía su continuidad "por interés general" siempre que se regularizase su situación. Es este último proceso el que afronta ahora Augas de Galicia.
En el caso de la depuradora, la Xunta optó por solicitar al Ministerio de Medio Ambiente un permiso de ocupación de los 13.749 metros cuadrados en los que se levanta la planta de Placeres desde hace más de veinte años. Con respecto al emisario, el proceso que ahora mismo tiene en marcha Augas de Galicia es el de obtener una "autorización para el vertido a la ría de Pontevedra", y así se describe en el anuncio que desde ayer se expone al público. La documentación detalla que se trata de "aguas residuales urbanas depuradas procedentes de la Edar de Placeres a través de un emisario de 1,2 metros de diámetro y 3.079 metros de longitud". Añade que está "diseñado para un caudal medio de 1.202 litros por segundo y un caudal punta de 1.870 litros por segundo". Durante los próximos veinte días cualquier interesado puede presentar reclamaciones al respecto ante la propia Augas de Galicia, que parece ser el organismo ante el que esa misma entidad pide este "autopermiso".
Orden de Costas
Estos dos procesos de legalización (el emisario y la depuradora) no solo pretende legalizar el vacío legal que se produce en la actualidad con esas instalaciones, sino que están en la linea de los planes autonómicos para lograr el saneamiento de la ría, mediante una ampliación de la planta de Placeres y un nuevo emisario.
La regularización se deriva de la resolución que Costas dictó en junio de 2015, por orden de los tribunales para revisar la concesión global a Ence, que incluía esos terrenos colindantes. Aquella resolución del Ministerio de Medio Ambiente despejaba el horizonte de la empresa pastera, que se confirmó en enero con la prórroga de la concesión hasta 2073. De hecho, ordenaba una caducidad parcial de aquella autorización de terrenos en Lourizán, pero que no afectaba a la superficie donde se centra la fabricación, sino a la depuradora de Lourizán y al emisario submarino. En todo caso, el documento permitía la continuidad de la depuradora por su "interés general" y proponía medidas para legalizar tanto estas últimas instalaciones como el comedor de la factoría, que en su momento se construyó sin autorización. Es en ese proceso donde está ahora Augas de Galicia, aunque se trabaja en este asunto desde hace meses. En mayo pasado, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, se reunía en Madrid con la ministra en funciones del ramo, Isabel García Tejerina, y solicitaba la "máxima colaboración y celeridad" para completar el procedimiento de regularización de la concesión de los terrenos de la depuradora de Placeres, así como del emisario submarino, junto con la obtención de los terrenos necesarios para su ampliación.
Revisar las concesiones
El informe de Costas en Pontevedra de junio pasado, firmado por su directora, Cristina de Paz Curbera y Llovet, y ratificado después por el ministerio, llegaba después de un largo proceso iniciado por la asociación ecologista Salvemos Pontevedra, que tras una década logró que el Tribunal Supremo ordenase iniciar el proceso de caducidad por el silencio reiterado de las administraciones. Tanto Salvemos Pontevedra como la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y el Concello, así como la propia empresa, presentaron alegaciones ante Costas, que finalmente entendió que sí hubo incumplimiento de las condiciones de la concesión, pero únicamente "parcial", sin afectar a la fábrica, pero que sí obligó a levantar el campo de fútbol de Placeres, medida ejecutada por Ence en enero pasado. Desde entonces no se ha establecido una instalación alternativa en la parroquia.
A su vez, la depuradora de aguas residuales se declaró como no cubierta por la concesión, pero sí legalizable, cuestión que compete a la Xunta, al igual que el emisario submarino.
Si en el caso de la regularización de la depuradora el permiso se tramitó directamente ante Costas para que autorizara el uso de más de 13.000 metros cuadrados para las instalaciones actuales pendientes de ampliación, los tres kilómetros de tuberías desde la Edar hasta el medio de la ría requieren de un informe del Concello, todavía no elaborado.
