Casi cinco años después de su inicio, la operación Pokemon que desde 2011 instruye la juez de Lugo Pilar de Lara, el caso ha estallado en Pontevedra. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha autorizado a Vigilancia Aduanera (SVA) a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores y otros miembros de su gobierno local, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por la empresa Aquagest en el municipio. A raíz de este auto, dictado el pasado martes, el SVA desembarcó ayer en las oficinas municipales para recabar toda la facturación del Concello con esa empresa desde 2009 hasta ahora.
Según la agencia Europa Press, Vigilancia Aduanera llegó a proponer a la instructora de la operación Pokemon, que investiga un macrocaso de supuesta corrupción en toda Galicia, que llame a declarar a Lores y a otros miembros de la corporación local a los juzgados de Lugo, aunque por el momento, De Lara únicamente ha autorizado a seguir las investigaciones.
Además de dar luz verde a las investigaciones sobre los datos fiscales y económicos del regidor pontevedrés, también autoriza que se acceda a los datos fiscales del portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo, así como el que fue concejal del PSOE de Obras en el Rural José Manuel Valcárcel hasta 2011 Asimismo, también se investiga a varios funcionarios municipales.
El primer paso de estas pesquisas se dio ayer. Dos agentes del SVA, apoyados en algunos momentos por otros cinco funcionarios, recabaron durante horas cientos de expedientes y miles de documentos relacionados con obras de esta firma de aguas, pero también reclamaron toda la facturación del Concello desde 2009 con la empresa pontevedresa de autobuses Viuda de Cándido. La operación se desarrolló también en dos municipios asturianos, Oviedo y Salas. Los funcionarios llegaron al Concello a las diez de la mañana con la resolución de Pilar de Lara y se dirigieron a los servicios de Intervención y Contratación para solicitar toda esa documentación dentro de las diligencias 337/2014, una pieza separada (la cuarta) de la Pokemon, y relativa exclusivamente a Aquagest. Este registro por orden judicial es el segundo que se realiza en las oficinas municipales de Michelena 30, tras el llevado a cabo en febrero de 2014 en el marco de la operación Patos, con las empresas Eiriña y Cespa en el foco de un juzgado vigués.
Un funcionario sacando la documentación requisada del Concello de Pontevedra. // Rafa Vázquez
En el marco de esta investigación de la juez De Lara, y en lo que se refiere a la pieza vinculada a Aquagest, la magistrada recuerda en su auto que, de las averiguaciones realizadas hasta ahora por Vigilancia Aduanera, se deduce, al menos de forma indiciaria, que la empresa, del grupo Aguas de Barcelona (Agbar), a través de sus responsables, "realizaría presuntamente sobornos en sus distintas modalidades (supuestas entregas de dinero, regalos, contratación de trabajadores) con la finalidad de captar autoridades políticas y funcionarios en distintos organismos públicos y, así, conseguir en un futuro adjudicaciones".
Por un lado, utilizaría supuestamente "varias empresas en apariencia ajenas a Aquagest para amañar concursos públicos", entre las que cita CPS y Boqueixón; y contaría con lo que habitualmente se denomina "conseguidores", cuya función es "abrir la puerta de los diversos entes públicos aprovechando sus conexiones políticas".
En este contexto, se refiere al último informe de Vigilancia Aduanera en el que se apunta, como resultado de actuaciones e intervenciones telefónicas, la existencia, supuestamente, de "relaciones entre la empresa Aquagest y algunas autoridades y funcionarios del Concello de Pontevedra, dirigidas, presuntamente, a beneficiar los intereses de la empresa en el ayuntamiento". En todo caso, la juez matiza que "Deben, no obstante, de practicarse diligencias de investigación a fin de concretar y definir tales intereses".
Concesionaria desde 1997
Pocos horas después del inicio de los registros, el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, explicó que la orden judicial establecía que el SVA permaneciera en la sede municipal hasta obtener toda la documentación requerida, para trasladar los originales a la sede judicial. Se pedían toda las contrataciones, con prórrogas incluidas si las hubiera, con todas las empresas del grupo Aguas de Barcelona, de la que forma parte Aquagest, compañía que en 2012,a raíz de estas investigaciones, cambió de nombre. En concreto, se ciñen las pesquisas a los últimos siete años, el mismo periodo que afecta a Viuda de Cándido.
Si la presencia de la empresa de aguas se deriva de las investigaciones anteriores en toda Galicia, la inclusión de esta compañía local de autobuses causó sorpresa entre los concejales y funcionarios municipales. Fuentes del gobierno local señalaron que los contratos con Viuda de Cándido, compañía fundada en 1941 y con sede en la calle Joaquín Costa, se centran en el alquiler de autobuses para viajes escolares, transporte de alumnos del ILES y otras actividades parecidas, con el añadido de que "se trata de dar un trato ecuánime a todas las empresas locales similares".
En el caso de Aquagest, las relaciones del Concello son mucho más amplias ya que, de entrada, es la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua desde 1997, cuando se produjo la adjudicación en la época del entonces alcalde Juan Luis Pedrosa. El contrato es por veinte años, hasta 2017. Pero además de este servicio, uno de los de mayor cuantía del Concello, Aquagest realiza innumerables obras de abastecimiento y saneamiento por todo el municipio y muchos de esos expedientes fueron requisados ayer por el SVA.
