Los trabajadores de Cespa, empresa adjudicataria de los servicios de recogida de basura en Pontevedra, anunciaron ayer su intención de llegar hasta las últimas consecuencias si la empresa no cesa a su gerente, Juan Manuel Gil Martínez y a su encargado general, José Manuel Outeda. Los responsables del comité de empresa denuncian que la actitud de estos cargos "no se puede permitir, pues nos llegan quejas de los trabajadores que no son propias del siglo XXI".

Como telón de fondo aparece el acuerdo que se alcanzó el 4 de agosto en Pontevedra, cuyo convenio está todavía por firmar y "sin salida posible", según palabras del presidente del comité, Juan Carlos Corredoira.

El representante de los trabajadores se lamenta de que "desde arriba no se dan soluciones" y de que "la empresa hace lo que quiere". Corredoira dejó claro que "algunas medidas tendremos que tomar".

El secretario del comité de empresa, Ramón Iglesias, se sumó a las palabras de su compañero y pidió la salida inmediata del gerente y del encargado general en la provincia.

Movilización provincial

La empresa Cespa, con concesiones por toda la península y que inició su andadura en Barcelona en 1970, cuenta con la adjudicación de la recogida de basura en varios de los ayuntamientos más importantes de la provincia de Pontevedra. Los concellos de Vilagarcía, Poio o Nigrán además de las zonas portuarias principales respaladan por completo la medida. No en vano, en la lonja de Marín y en Vilagarcía se han producido algunos de los incidentes más graves que relatan los responsables de los sindicatos.

Junto a los dos máximos responsables del comité de empresa estuvieron presentes los tres grandes sindicatos presentes en la zona. Manuel Meira habló en nombre de la CIG(Confederación Intersindical de Galicia), Ramón Vidal en el de UGT (Unión General de Trabajadores) y Miguel Vilacova en el de CC OO (Comisiones Obreras).

Las tres centrales arropan sin reservas a los trabajadores. Manuel Meira, de la CIG, explicó que "es muy probable que se dé un conflicto en el que se pida la destitución de los directivos de la empresa. La situación a la que se ha llegado es un frontón que provoca el total agotamiento del personal y a la que hay que plantar cara definitivamente", sentencia.

Según Meira, los altos cargos de la empresa en la provincia no están dispuestos a sentarse a negociar con los trabajadores.

"La directiva de la empresa en Pontevedra no dialoga y los jefes de fuera, ya sean de Bilbao o de Barcelona, se declaran incompetentes. La solución que planteamos es la sustitución de la dirección provincial por alguien más dialogante. En caso contrario articularemos una movilización global y si no hay salida iremos a la huelga", concluyó.

Pero el comité de empresa no sólo reprueba las actitudes de estos altos cargos en Pontevedra, sino que también cuestiona su capacidad para desarrollar su trabajo de un modo eficaz. Juan Carlos Corredoira no se corta y dice que "cambian los horarios a su antojo. Es una falta de respeto constante a los trabajadores. Además de la falta de personal, se saltan continuamente las normas. Los insultos y las amenazas son demasiado habituales".

Por último, Juan Carlos Corredoira se queja de que "hay cosas pendientes desde el acuerdo de agosto que no quieren solucionar".

CCOO y UGT apoyan "medidas drásticas"

Ramón Vidal, secretario comarcal de UGT, dejó entrever que Cespa emplea parte de los impuestos de los pontevedreses en otros lugares. "Esta empresa se sostiene de los impuestos municipales, y sabemos, y eso está denunciado ante el concello, que no todo revierte aquí". Vidal incidió en que "van contra los más débiles, la limpieza es mala y se produce acoso sistemático a los trabajadores".

Miguel Vilacova, de Comisiones Obreras, cargó contra Gil Martínez y le acusó de que "campa a sus anchas y hace de su capa un sayo. Se parece a una época de esclavitud, y si no deciden destituirle se adoptarán medidas drásticas". El día 11 se podría anunciar una huelga indefinida.

Denuncian una agresión física _a un trabajador

El trato de estos dirigentes ha llegado al extremo de la agresión física, según explicaron algunos de los presentes. El supuesto delito, denunciado ante la inspección de trabajo, se produjo en la lonja de Marín, y fue otro de los detonantes para llegar a estas medidas de presión.

Otro ejemplo que relataron fue la sanción al encargado de Vilagarcía, según el comité de empresa, por no seguir las "directrices" de la gerencia.

Los aludidos guardan silencio

Los dirigentes de la empresa han decidido guardar silencio ante las palabras de los trabajadores. El principal implicado, Juan Manuel Gil Martínez, se encuentra de vacaciones según ha podido saber FARO. Outeda, el encargado general, no está autorizado a hacer ningún tipo de declaraciones.