Reducir las cifras de siniestralidad mortal en carretera es un propósito de las administraciones que, a base de campañas, educación y controles, pretende que las cifras se disminuyan progresivamente. El Instituto de Medicina Legal (Imelga), el cuerpo de profesionales forenses que trabaja con los juzgados, compara en sus estadísticas las cifras de fallecidos en carretera con las de las muertes violentas por suicidio, que son más frecuentes. En la provincia de Ourense se registraron el año pasado 40 muertes autoprovocadas -fueron 46 en 2017-, lo que supone más del doble de las víctimas en accidentes de tráfico, un total de 19, según los datos de los forenses (a diferencia de la DGT, incluyen a los fallecidos en el hospital transcurridas las 24 primeras horas desde el siniestro). La tasa de suicidios en la provincia de Ourense se sitúa actualmente en 12 casos por cada 100.000 habitantes al año, tras un descenso con respecto al 14,37 de 2017. La incidencia de las muertes autoinfligidas es mayor en el territorio del interior que en el conjunto de Galicia. La tasa global de la comunidad es de 10,28 en la actualidad, inferior a la del 11,57 de 2017.
Los expertos demandan planes y políticas para prevenir este tipo de fallecimientos, un problema de salud pública para el que existen recursos como la unidad de prevención del centro de especialidades de Ourense, en la calle Concejo, donde se llevó a cabo un Programa de Intervención Intensiva (PII).
La tercera y cuarta edad son el principal colectivo entre los suicidas. Quince de los 40 fallecidos tenían más de 75 años, de los cuales 12 superan los 80. El responsable del Imelga en la provincia de Ourense, Julio Jiménez, sostiene que "la soledad, problemas orgánicos banales, el miedo a tener limitaciones, a quedar solo o a ser una carga, a veces desencadenan el suicidio entre mayores. En el rural es más llamativo, por un temor a no poder atender las fincas o cuidar los animales", expone el forense.
El doble de suicidios que de accidentes de tráfico, que en 2018 aumentaron con respecto a 2017. La estadística del Instituto de Medicina Legal registra 19 muertes en siniestros viales: 15 conductores, un acompañante, 5 conductores de motocicleta o quad, un tractorista y 3 peatones atropellados (dos de ellos, de 84 años). En 2017, los forenses contabilizaron 13 víctimas mortales en el asfalto: 8 conductores, un acompañante, un motorista, 2 tractoristas y 4 peatones.
Un conductor octuplicaba la tasa
Hace dos años, solo 2 víctimas dieron positivo en alcohol, ambos conductores. En 2018 se solicitaron las pruebas de sangre para las 19 víctimas. Hubo 8 positivos, 7 de ellos de conductores, es decir, casi la mitad de los pilotos fallecidos. "Es el año que más ha habido", asegura el responsable provincial del Imelga. Cuatro conductores dieron positivo en alcohol, dos de ellos con más de 2 gramos por litro de sangre y uno, más de 4, es decir, 8 veces por encima del máximo permitido, en un nivel de embriaguez que según los manuales médicos puede ser coma etílico. Hubo un conductor positivo en alcohol y drogas, y dos en cocaína.
Reflexión aparta hace Julio Jiménez sobre la posible influencia en la conducción de los ansiolíticos. Se detectaron 3 positivos en este tipo de fármacos entre las víctimas de 2018. El forense sería partidario de que se regulara, estableciendo rangos mínimos y máximos de la medicación para poder conducir, junto al estudio individualizado, por parte del médico de cabecera, de la influencia que puede tener en cada paciente.
