El PP denuncia que ante las reclamaciones de los muchos proveedores a los que el Concello de Verín debe más de 3 millones de euros, el grupo de gobierno PSOE-BNG se vio obligado a pedir una operación de tesorería de 1.4000.000 euros para poder pagar parte de esa deuda que corresponde a los años 2017 y 2018.
Pero a este problema con los proveedores dice se une una gran cantidad de gastos que se están haciendo "sin ningún control, sin pedir precios, algunos sin proyecto técnico, sin partida presupuestaria que los soporte y que después son reparados de legalidad por el Interventor". Apunta ya lleva emitidos más de 400 reparos a los gastos que realiza el alcalde y su grupo de gobierno "de forma irregular", ya que "ningún alcalde puede válidamente contratar verbalmente la ejecución de obras prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
El PP acusa a Seoane de que "lejos de controlar el gasto ante esta grave situación y las deudas adquiridas", ante la proximidad de las elecciones y para captar votos, "este último mes se lanzó a hacer obras en los pueblos sin tener consignación presupuestaria para pagarlas y sin procedimiento de contratación infringiendo totalmente la ley". La situación dice se va agravando cada día porque al ser negativo el resultado presupuestario y dar negativo también el Remanente de tesorería, "ésto le impide legalmente pedir créditos a largo plazo". Y aludir "al fraccionamiento indebido de los contratos utilizando la figura del contrato menor.
Afirmaciones "falsas"
Por su parte, el alcalde atribuye estas críticas a una campaña de "mentiras sistemáticas" del líder del PP basada en una "radicalización de las mentiras" sobre la situación económica del Concello, comenzando por la operación de tesorería "habitual todos los años". Seoane añade que son falsas todas las afirmaciones del PP, que el Concello tiene una liquidez cercana a los 4 millones de euros, y denuncia amenazas a funcionarios para que obstruyan los pagos.
Así, aclara que "la operación de tesorería se pide todos los años, también estando Jiménez, y se devuelve cuando se cobra el IBI, para ayudar a las labores de financiamiento del Concello. Estamos totalmente dentro de la normalidad", y dice es falso que deba tres millones a proveedores. Del ejercicio 2018 "hay un remanente de crédito de 2,4 millones, cifra que está pendiente de pago a cargo de esos recursos, debido al cambio de criterio del interventor a la hora de contabilizar las facturas y a la falta de personal".
Asimismo, que "de años anteriores hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de deuda desde 2013, 2014 y 2015 al objeto de regularizar cuentas en una cantidad muy pequeña totalmente asumible", y que ahora el Concello tiene una liquidez cercana a los 4 millones de euros, "procedente del dinero que tiene habitualmente en las cuentas, de 1,5 millones, a lo que hay que sumarle la operación de tesorería de 1,4 millones que se adjudicó al Banco Sabadell, absolutamente rutinaria, y el ingreso del impuesto de circulación, cercano a 600.000 euros, y el ingreso del fondo nacional y de la Xunta que son 250.000 mensuales, y otros."
Y recuerda que la deuda a largo plazo se redujo en esta legislatura de los 4 a los 2 millones de euros.
