06 de febrero de 2019
06.02.2019

El Supremo se reúne para decidir si la jueza erró por el asesinato en el hospital de Isabel Fuentes

La familia solicita una sanción de la primera instructora porque defiende que el crimen machista de 2015 pudo evitarse

06.02.2019 | 02:21
La abogada de la familia. // Brais L.

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, reúne hoy al pleno de magistrados para revisar la posible desprotección de Isabel Fuentes, asesinada por su marido en el hospital de Ourense el 8 de mayo de 2015. El alto tribunal analiza si fue correcta la actuación de la magistrada que llevaba el caso al principio, Cristina Fernández Viforcos. La juez no vio indicios para poner el foco sobre el marido, Aniceto Rodríguez Caneiro -fallecido en la prisión de A Lama el 21 de septiembre, mientras cumplía condena a 32 años de prisión-, ni para pincharle el teléfono ni para restringir sus visitas al centro médico, pese a que la Policía Judicial de la Guardia Civil -que tampoco lo detuvo- expuso por escrito que el esposo era un "peligro" y el principal sospechoso del ataque previo que había ocurrido un mes antes del crimen en el domicilio conyugal de Pazos (Verín), un intento de asesinato a martillazos que trató de disfrazar como un atraco de unos asaltantes. Los agentes tardaron solo cinco días en desmontar la versión del agresor.

La familia acudió al alto tribunal después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivara un expediente de denuncia contra la juez. Isabel Fuentes sufrió un "doble crimen" que pudo evitarse, lamentó su familia. Murió desprotegida. La familia, a través de la abogada Beatriz Seijo, quiere que el Supremo ordene seguir investigando para que se cuente, por ejemplo, con el testimonio de la Policía Judicial, que el CGPJ no consideró necesario. Pide la apertura de un expediente disciplinario y la aplicación de una sanción, al sostener que el crimen no se hubiera producido si el sistema hubiera funcionado. En opinión de Seijo, al tratarse de un posible caso de violencia de género, la juez tendría que haber convocado una comparencia para decidir sobre el sospechoso. Según la letrada, cuando la Policía Judicial logró entregar el atestado en el que apuntaban a Aniceto Rodríguez como sospechoso, la juez supuestamente solo informó a la Fiscalía por teléfono, sin llegar a remitir copia física del atestado.

Según el órgano de los jueces, que desestimó tanto la primera denuncia como el recurso, Viforcos "resolvió de forma razonada y motivada", adoptando "todas las resoluciones que procedían" y obrando "con arreglo a la ley". En las diligencias informativas del expediente después archivado, la juez emitió un informe en el que alegó que no le habían expresado la situación de peligro que suponía el marido, ni que el primer ataque se tratara de un intento de asesinato en lugar de un robo. Alegó además que los agentes tampoco detuvieron. En una resolución, la jueza rebajó las sospechas de los guardias a "conjeturas". En el procedimiento abierto en el Supremo, la magistrada ha emitido un nuevo informe reiterando sus argumentos. La falta de su documento en el expediente obligó a suspender el pasado octubre la reunión prevista del pleno del Supremo. Será por fin el lunes.

Fernández Viforcos era la responsable del juzgado de Instrucción Número 1 de Verín, el competente en delitos de violencia machista en el partido judicial, y en el que recayó la investigación del falso robo que en realidad fue un intento de asesinato previo al crimen en el hospital. En abril de 2016, cuando el caso seguía aún en fase de instrucción, cambió de destino.

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