La exconcejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto (PSdeG), que gestionó el departamento entre 2007 y 2015, con su condena por las asistencias recurrida y absuelta en firme en 2016 por el caso que la obligó a dimitir en 2015 -el de la Plaza San Antonio - vuelve a sufrir el banquillo en una nueva causa instada por la misma promotora. La exedil será juzgada el jueves y viernes de la próxima semana en el juzgado de lo Penal 1 de la ciudad. Está acusada por la empresa de una presunta prevaricación administrativa por la concesión de licencia en 2011 a la residencia del campus universitario, pese a que no se habían ejecutado las obras de urbanización El promotor que denuncia tiene intereses en esa zona.
Junto a ella también se sienta en el banquillo un técnico municipal, B. J. F. G., quien emitió el informe jurídico favorable a la concesión de la licencia (consta, asimismo, un documento favorable de la aparejadora municipal, también de enero). El caso llega a juicio porque al magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, le reabrió la causa la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide la absolución. Áurea Soto, que asocia todas las causas contra ella a no haberse plegado a "chantajes" cuando gestionaba el urbanismo, defenderá su inocencia.
La acusación particular, ejercida por el abogado Antonio Feijóo Mirada, solicita una pena de un año de prisión más inhabilitaciones públicas para la exedil y el técnico.
La causa se centra en que la empresa adjudicataria de la residencia, abierta en 2001 sin licencia de ocupación y actividad, -cuando gobernaba el PP- no ejecutó las obras de urbanización, incluidos los accesos para extinción y evacuación de incendios. Soto propuso a la junta de gobierno local de 3 de febrero de 2011 dar licencia urbanística de ocupación y apertura. El técnico acusado hizo el informe favorable el 31 de enero.
La residencia estuvo cerrada, limitándose así la oferta de alojamiento del campus ourensano, después de que la justicia contenciosa decretara el cierre por falta de obras de urbanización y el riesgo para la seguridad que suponía. Lo pidió el promotor, que lidera la junta de compensación de la zona. El precinto fue firme a finales de 2013. El centro reabrió en enero de 2017.
