El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense concluye que tres acusados de regularizar a mujeres extranjeras a través de la formalización de parejas de hecho fraudulentas actuaban como una banda organizada e impone penas de dos años de prisión para cada uno: 21 meses y 1.890 euros de multa por un delito continuado de falsedad en documento público y tres meses por integración en grupo criminal.
Entre los acusados figura la abogada Elena D.T., con despacho en Verín que ya fue condenada recientemente a un año de prisión por un delito de falsedad documental, por aparentar que una brasileña estaba contratada como empleada de hogar para lograr la nacionalidad. Sobre ambas resoluciones cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia.
Este último caso, que se juzgó en enero, partió de una alerta de la Subdelegación del Gobierno de Ourense que detectó 35 solicitudes de tarjeta de residente de familiar comunitario entre enero de 2011 y agosto de 2012 con curiosas similitudes: todas se realizaban por la constitución previa de una pareja de hecho entre una persona extranjera y otra española, en su mayoría con residencia en Verín o municipios limítrofes. Y a efectos de notificación, en todas ellas figuraba el domicilio del despacho de la letrada.
La Brigada Provincial de Extranjería inició una investigación y 19 de las parejas acabaron bajo sospecha. La jueza del Penal 1 ha considerado probado que nueve de ellas "se constituyeron de forma fraudulenta".
En los nueve casos se trata de mujeres extranjeras sudamericanas que entran en España con visado de turista, sin medio conocido de vida, y algunas de ellas identificadas en clubes de alterne. Están en situación irregular pero al poco tiempo de entrar en el país se empadronan con un ciudadano español, lo que lleva a la jueza a descartar una relación sentimental previa.
Por su parte, los hombres son todos de Verín o alrededores (Oímbra, Cualedro, Vilardevós y Laza) y la mayoría atraviesa una complicada situación económica, por lo que "se prestan a constituirse en pareja de hecho" a cambio de cantidades que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros.
La sentencia refleja que Elena D.T., Francisco Javier S.F. y Faustino P.C., "de forma coordinada perfectamente organizada" intervenían en los diferentes trámites encaminados a regularizar la situación de estas mujeres en España, "percibiendo a cambio una contraprestación económica de las ciudadanas extranjeras". Los dos acusados se encargaban de "captar" a los varones y la abogada informaba a los integrantes de la futura pareja de hecho de los trámites y de advertirles de que "debían aparentar ser una verdadera pareja, para lo cual debían dejarse ver juntos y debían tener en el domicilio en el que se habían empadronado objetos del miembro de la pareja que no residía allí".
