Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 acaba de absolver al exconcejal del PP Aurelio Gómez Villar de un delito de prevaricación del que había sido acusado por la compra de altavoces a la empresa Jolper, de la que es gerente el actual portavoz de DO, GonzaloPérez Jácome, en 2006, cuando su formación no contaba con representación en el concello. Una sentencia que no es firme ya que cabe recursos ante la Audiencia provincial. La acusación popular, que ejercita la exedil socialista, Áurea Soto, y que solicitó una pena de 10 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, anunció que la recurrirá.

La magistrada fundamenta su absolución del delito de prevaricación en que "no existe prueba alguna que nos permita considerar que en está actuación el acusado haya actuado a sabiendas de la injusticia de la resolución adoptada, con la finalidad de hacer efectiva su voluada y con conocimiento claro de actuar en contra del derecho". Eso sí, pone de manifiesto que "no podemos negar que la actuación desarrollada en este caso ha sido verdaderamente desastrosa", y añade que "se llegó a abonar más de 60.000 euros por unos altavoces que nunca se llegaron a instalar, al no haber previsto debidamente que tal ejecución no se iba poder llevar a cabo".

La magistrada, en la sentencia, considera como hechos probados que en octubre de 2006, siendo Aurelio Gómez, concejal de Comercio y Turismo, la Junta de Gobierno Local aprobó la factura presentada por Jolper Música, en concepto de sonorización de varias calles del centro de la ciudad, por un importe de 61.691 euros. Y que la decisión de adjudicación del contrato la tomó el propio edil "sin respetar los criterios legalmente establecidos en cuanto a: competencia, tramitación de un expediente de contratación, procedimiento de adjudicación y la formalización del contrato".

La adjudicación del contrato vino precedida por la concesión de una subvención por parte de la Consellería de Innovación e Industria para "actuaciones de vertebración del comercio urbano". Aunque como pone de manifiesto en la sentencia, "de la Xunta solo llegaron a recibir 43.184 euros".