El vertido más devastador entre el continuo goteo de episodios contaminantes que asolan desde hace años al Barbaña, el río que recoge el agua de cuatro polígonos industriales hasta su desembocadura bajo el puente del Milenio en Ourense, fue de naturaleza ácida, con elevada concentración de metales pesados: boro, aluminio, cromo, magnesio, hierro, níquel, cobre, zinc, cadmio y cobalto. La contaminación producida por una industria no identificada, la tarde del 23 de junio de 2009, disparó la concentración de aceites, grasas y metales. El nivel de hierro era hasta 28 veces mayor. El de cobre, 120 veces por encima de lo normal; el de zinc, 200 veces superior. El tóxico se propagó por un trecho de 5 kilómetros del río, diezmando la fauna y dañando flora. Murieron 17.103 peces -incluidas especies vulnerables- y hubo otros daños en el ecosistema (se vieron afectadas 5,6 hectáreas).

El vertido no empezó a combatirse en la depuradora de San Cibrao das Viñas hasta 3 días más tarde. Cuando midieron el PH, el día 26, el valor era ácido. En la planta decidieron aplicar sosa cáustica -un elemento básico, antagonista- para subir el valor. Hasta febrero de 2010, ocho meses más tarde de aquel vertido devastador del que no hubo precedentes, no se instaló -en la entrada y la salida de la planta EDAR- un sistema de alerta sobre el nivel de PH. Cuando ocurrieron los hechos solo había un medidor manual. De haber existido ese aviso, se habría podido confinar la contaminación al menos 3 horas. "Ningún sistema hubiera impedido un vertido como ese", sostuvo, con todo, el jefe de servicio de la EDAR, ya jubilado, uno de los 4 acusados de la empresa gestora de la depuradora, Espina y Delfín.

La Fiscalía, la plataforma vecinal que denunció el caso y la Abogacía del Estado piden una condena para los encausados por un delito por imprudencia contra los recursos naturales. La mercantil, que explota 50 plantas en toda Galicia, defiende que actuó de forma correcta "y con la máxima diligencia posible" ante un vertido ilegal "de sustancias totalmente prohibidas".

Tras dos archivos en 2013 y 2014 que fueron revocados por la Audiencia Provincial, y sin que se localizara a la empresa responsable de la contaminación del río pese a las sospechas del Seprona, los cuatro trabajadores de Espina y Delfín se sentaron ayer en el banquillo, 9 años después de una de las mayores catástrofes ecológicas ocurridas en Ourense, incendios forestales aparte. La magistrada del Penal 2, Susana Pazos, juzga esta semana a Rosa B. R. G., la administradora solidaria de Espina y Delfín, Enrique J. I. P. , que desempeñaba hasta su jubilación las funciones de jefe del servicio en la planta; Manuel C. M., operario de limpieza y mantenimiento de la EDAR de San Cibrao y Pablo R. P., técnico encargado del control de funcionamiento de las instalaciones de aguas residuales en la empresa. Niegan responsabilidades.

Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de condena de 3 años y 4 meses de prisión más una multa individual de 27.000 euros, así como el pago de 227.000 euros, en conjunto con la empresa, para restaurar los daños a la flora y fauna. El Concello de San Cibrao, propietario de la instalación -explotada en concesión administrativa por Espina desde 1997-, sería el responsable civil subsidiario, aunque la mercantil tiene seguro.

La fiscal de Medio Ambiente de Ourense, Carmen Eiró, argumenta en su escrito de acusación que los encausados, como responsables de la gestión y explotación de la planta, concebida para tratar vertidos no solo de los núcleos de San Cibrao sino de 4 polígonos, "sabían que se recibía un caudal de agua procedente de aguas industriales de contenido altamente contaminante que no podía ser tratado adecuadamente ni neutralizado en el proceso biológico de la EDAR". El ministerio público esgrime que la depuradora de Espina y Delfín no puso en marcha los procesos que constan en la autorización de la Confederación concedida en 2004 y renovada en 2008. No se desvió al "tanque-pulmón", volviendo el tóxico al río y extendiéndose por 5 kilómetros. Dos de los cuatro acusados, el jefe de servicio y el técnico de explotación, sostienen que una depuradora de aguas residuales no está preparada para hacer frente a vertidos de carácter industrial, que deberían ser tratados previamente en las propias fábricas. Derivar el tóxico de junio de 2009 al "tanque pulmón" hubiera sido "inviable", porque habría afectado al tanque de tratamiento biológico de fangos, matando a los microorganismos que deshacen la materia orgánica, y desencadenando un vertido continuo al río.

"Fuimos víctimas", sostuvo en su declaración la administradora solidaria y copropietaria. Defiende que Espina cumplió con las obligaciones de su permiso pese a no se capaz de frenar el grave episodio de junio de 2009. En la planta no había nadie de 18.30 horas a las 9 de la mañana siguiente. Según el exjefe de servicio, la aplicación de sosa cáustica 3 días después de los hechos ayudó a conseguir la normalidad en la acidez de las aguas, unido al propio funcionamiento de la estación depuradora, "pero con los metales pesados no pudimos hacer nada". Este acusado y el otro técnico en el banquillo, el encargado del control de funcionamiento, manifestaron que ningún técnico de la Xunta, el Concello de San Cibrao, el Seprona, o la Confederación Hidrográfico del Miño-Sil midió el PH del río Barbaña, tras aparecer peces muertos el 24 de junio del 2009 . Sí se tomaron muestras. El PH tras el vertido, que debía situarse al menos en 5,5, llegó a ser de 2,8, muy ácido.

"Vierten porque es más barato"

El exjefe de servicio justifica que aunque se hubiera combatido con sosa el agua contaminada, igualmente habría llegado al río Barbaña un PH bajo, además de metales pesados. Este acusado asegura que el tanque pulmón, cuya falta de uso es clave en la catástrofe ambiental, según la Fiscalía, no hubiera evitado la devastación del todo, por la presencia de metales pesados,. Un vertido de aquella magnitud "no se hubiera arreglado ni con cinco tratamientos físico-químicos. Tampoco a día de hoy sería posible", aunque sí se habría "minimizado" el impacto, admitió. El encausado culpó a la "cultura" existente en los polígonos industriales de "verter y tirar" al río "porque es más barato".