El intento del alcalde, Jesús Vázquez, de sacar adelante un pacto social para garantizar los servicios básicos en materia de bienestar social, exclusión, dependencia, mayores, mujeres en riesgo de exclusión, familias y colectivos desfavorecidos, con un horizonte de duración de ocho años, y que presentó el pasado 7 de mayo, se topó de nuevo con el rechazo en bloque de todos los grupos de la oposición. Y así, en la reunión de la junta de portavoces que se celebró ayer, reiteró su petición de que se presenten propuestas para su posterior debate e intentar alcanzar un consenso.
Pero la respuesta de los grupos de la oposición no deja lugar a dudas, en el sentido de que el grupo popular, que gobierna en minoría, no cuenta con los apoyos necesario para poder sacarlo adelante. Así, al término de la reunión, el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, considera que es "ilegal", debido a que se fija un periodo de ocho años, cuando queda uno para concluir el presente mandato, y no se puede "hipotecar" a la nueva corporación con este tipo de acuerdos. Además de sentenciar que la propuesta del regidor "es un canto de sirenas, sin ningún tipo de credibilidad".
Por su parte, el grupo socialista, que sí presentó por registro las propuestas, dejaba claro a través de la edil Concepción García que se trata de una propuesta que "llega tarde", después de tres años de mandato, y con una "gestión desastrosa en materia social", y que el objetivo de la misma es "blindar los problemas" que se avecinan, en alusión a un nuevo "rescate" vía modificación de crédito del "nuevo agujero económico" en esa área municipal.
La única posibilidad para que los socialistas puedan apoyar la propuesta de pacto social presentado por el alcalde tiene dos exigencias: por un lado recoger las 27 iniciativas que en materia social presentaron, a través de mociones, en lo que va de mandato. Y la condición "sine qua non" es que la concejala de Bienestar Social, Salud, Igualdad, Juventud y Voluntariado, Sofía Godoy, presente su dimisión, después de "tener más que demostrada su absoluta incompetencia y en aras de dejar de seguir a perjudicar con su mala gestión a los ciudadanos".
Declaración de intenciones
Los que también se sumaron a las críticas y, a su vez, al rechazo del pacto, fue el grupo de Ourense en Común, y el edil Miguel Doval los calificó como una "declaración de intenciones" que llega al final del mandato, por lo que entiende que "es poco creíble, como todo lo que presenta el gobierno del PP".
Y advierte que se trata de una estrategia que ponen en marcha el alcalde para de esa forma "encubrir el nuevo desfase" en el área social, y justificar la presentación de una modificación de crédito, que el año pasado contó con el apoyo de DO, y que para García fue un "balón de oxígeno que no sirvió para nada", en alusión a que en breve se volverá a repetir,
Unas críticas que para el portavoz del gobierno, José Araújo, no son ninguna novedad, y además de recordar que "gobernamos en minoría", culpó a la oposición de que estos y otros asuntos no salgan adelante. Destacó la postura del regidor, en un nuevo intento de avanzar en el pacto, con la petición a los grupos de que presenten sus propuestas, aunque por lo manifestado por los portavoces, todo parece que finalmente el gobierno no contará con el apoyo necesario.
Además del pacto social, en la junta de portavoces se abordó también la convocatoria del pleno extraordinario solicitado por DO para debatir la moción de censura contra el alcalde. Y como viene siendo habitual, de nuevo surgió la polémica por la interpretación de la normativa municipal, en el sentido de si el derecho a esa petición de tres plenos es anual o por temporada.
Para el portavoz de DO, "una chapuza más" del gobierno popular, por lo que optaba por aceptar la interpretación que se hizo, que lleva consigo que tengan que hacer de nuevo la solicitud a partir del próximo miércoles, 14 de junio. Y sobre el nombramiento del nuevo secretario del Tribunal Económico-Administrativo del Concello, queda pendiente de las seis solicitudes presentadas.
