Es un recurso de apelación que el fiscal jefe presentó a finales del mes de marzo y que ha sido notificado estos días a las partes, tras la recuperación de la actividad en la mayoría de juzgados en los últimos días de huelga, Florentino Delgado coincide con la tesis de la defensa del exalcalde Manuel Cabezas (PP), en el sentido de que el regidor de Ourense entre 1995 y 2007 no cometió malversación ni prevaricación por el hecho de que, entre 1998 y 2002, el Concello hubiera perdonado a ciertos promotores la cesión del 10% de sus proyectos para aprovechamiento público. Aunque no ve indicios porque no existía informes contrarios, el fiscal jefe, como también expuso la defensa, añade que de seguir abierto el caso, habría que imputar a "todos los miembros" de los plenos y las comisiones de urbanismo que, desde 1999, votaron a favor de no exigir las cesiones urbanísticas de una serie de proyectos.

En un caso de presunta malversación de 1,65 millones denunciado por la exedil Áurea Soto (PSdeG), a la juez Eva Armesto le llamó la atención que se perdonara la cesión del aprovechamiento en determinados ámbitos, "lo que contrasta con la exigencia del 10% en otros casos", y avala según su criterio "una desviación del derecho de manera grosera, clara y evidente". "El motivo reside en que tras la reforma de la Ley del Suelo de 1998 y la Ley del suelo de Galicia del año 1997 solo se exigía el aprovechamiento en proyectos que afectasen a suelo urbano no consolidado que supusieran alteración puntual del Plan General de Urbanismo", expuso la defensa de Manuel Cabezas. El fiscal jefe considera que los expedientes que la juez ve contradictorios "se referían a supuestos de hecho manifiestamente distintos".

Entre otros argumentos, subraya el fiscal que en "ninguno" de los proyectos urbanísticos "hubo un informe jurídico negativo" a su aprobación, y además existía un acuerdo del pleno de 1994 que acordó no reclamar las cesiones. Tampoco ve "pacto criminal" entre el ayuntamiento y los constructores, ni el ánimo de lucro -una contraprestación- que requiere el delito de malversación.