Manuel Jorge Velo gobierna el concello ourensano de A Merca (2.021 habitantes) con mayorías absolutas renovadas desde su llegada al cargo en 2003. El alcalde del PP -ya no es militante por su situación judicial- se sentará en el banquillo, acusado de un presunto delito de desobediencia. La Fiscalía culpa al regidor de desoír sucesivos requerimientos judiciales que instaban al concello de A Merca a derribar una vivienda, finalmente demolida a principios de 2015 tras un contencioso judicial que se prolongó durante dos décadas. El ministerio público pide que el regidor sea condenado. Si la petición prosperase, Manuel Velo quedará inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante 5 meses (también afectaría a su plaza de funcionario de Correos). Además, tendría que pagar una multa total de 700 euros.
El primer edil reconoce que hubo un retraso en la ejecución de la sentencia, pero recuerda que el pleito se inició con sus predecesores en el cargo -"es algo que heredé"- y se vio retrasado por la presión vecinal de la localidad de O Corbillón, donde fue erigida la casa ilegal. Según Manuel Velo, que vive a 2 kilómetros de esa localidad, llegó a sufrir "insultos y amenazas" -que nunca denunció ante la Guardia Civil- ante la supuesta reticencia vecinal a que se demoliera la vivienda.
Entre febrero y julio de 2015, la edificación fue desmantelada. "Lo pasé muy mal y mi familia también, pero al final conseguimos ejecutar la sentencia, que no es plato de gusto para un alcalde, sin el más mínimo roce ni violencia. Conseguimos que la situación fuera totalmente pacífica. Los habitantes desalojaron la casa voluntariamente y los vecinos se convencieron de que no había más margen", decía ayer el alcalde.
El contencioso judicial se inició en julio de 1996, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a una vecina, anulando el acuerdo municipal que legalizó las obras en la vivienda unifamiliar objeto del conflicto, en la que vivían un matrimonio, dos hijos y otra allegada. Ya en 1997 se requirió el derribo al entonces alcalde, Manuel Vázquez Outeiriño, con apercibimientos que continuaron en 1998. Del mismo modo, según el fiscal, se hizo una notificación personal al ahora acusado, que ejercía de alcalde accidental, para que adoptara medidas de ejecución de la sentencia, bajo amenaza de una multa.
Desoyó de manera "contumaz"
El pleito continuó hasta que en 2004 el Tribunal Supremo rechazó la inejecutabilidad del derribo. Tras dicha resolución, la justicia requirió al alcalde el cumplimiento de la sentencia, con apercibimiento de que podría incurrir en un presunto delito de desobediencia. Según la Fiscalía, el regidor, "a pesar de estas notificaciones personales para que ordenara la demolición de las obras, de manera consciente reiterada y contumaz se opuso al cumplimiento, realizando maniobras dilatorias con diversas excusas, a fin de ir alargando el cumplimiento de lo ordenado, de modo que el transcurso del tiempo pudiera hacer de facto que la sentencia no se ejecutara".
El alcalde de A Merca asegura tener "la conciencia muy tranquila" y subraya que "en ningún momento tuve la intención de no ejecutar la sentencia. Pudo haber un retraso, sí, pero jamás intentó no ejecutarla. Es algo desagradable que había que hacer y lo hice sin armar el mínimo follón con el pueblo". Su abogada, Beatriz Seijo, subraya que "nunca existió una actitud intencionada y dolosa" de desoír el mandato judicial, toda vez que "existieron actuaciones administrativas tratando de regularizar por parte del particular. No es un supuesto de mirar a otro lado", afirma.
5 requerimientos en 6 años
Sin embargo, el ministerio público replica que el regidor presentó escritos tendentes a "dilatar" el proceso y cuya "última intención" era que no se materializara el derribo. Entre 2005 y 2011, al alcalde acusado se le notificaron personalmente un total de 5 órdenes de ejecución de sentencia, con apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal y sufrir multas.
Tras dichos requerimientos, "y en la misma línea dilatoria", a ojos de la Fiscalía, el gobierno de A Merca acordó autorizar el derribo en febrero de 2012. Pero dicha obra se basaba en el proyecto presentado por el particular, que no contemplaba el derribo de las obras, sino una demolición parcial y reforma. Dicho acuerdo municipal fue anulado por la justicia en 2014, con resolución firme del Supremo. De nuevo, la justicia notificó al alcalde la orden de ejecución de sentencia. La demolición, asumida por el concello y repercutida a los dueños, se inició en febrero de 2015 y finalizó en julio. En su declaración como imputado, Velo justificó que el derribo tuvo lugar una semana después de la aprobación del presupuesto y no antes porque se pidió un aplazamiento por falta de recursos.
El juicio iba a celebrarse ayer en el Penal 1 de Ourense, pero quedó suspendido porque la abogada del alcalde tenía una obligación profesional en una causa con preso, que son prioritarias. Aún no hay fecha señalada para la vista a Velo.
