El Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil tiró del hilo y desentrañó toda una madeja. La mayor estafa a compañías de seguros que se ha destapado en la provincia de Ourense, la bautizada como "Operación Aleta", está más cerca de llegar a juicio, tras 6 años de laboriosa investigación en el pequeño juzgado comarcal de A Pobra de Trives. Hasta 2011, bajo secreto de actuaciones. El instituto armado cifró el cobro de indemnizaciones fraudulentas en más de 600.000 euros, mediante accidentes nunca producidos, robos falsos o daños auto provocados con un tractor o una retroexcavadora . El número de sospechosos creció hasta medio centenar de personas, entre detenidos e investigados, incluyendo a profesionales y clientes. Finalmente, la juez sustituta Susana Conde limita a 11 el total de imputados contra los que ve indicios para que se sienten en el banquillo.
La complejidad del proceso pasa por acreditar, uno por uno, los 27 presuntos fraudes que la juez enumera en el auto de imputación formal de los 11 procesados Accidente por accidente, parte por parte, pericial por pericial. Los siniestros falsos se tramitaron de 2006 a 2011.
Al frente de la presunta trama, como supuesto cabecilla, está el encargo de un taller de A Valenzá (Barbadás), S. A.G., quien estuvo tres meses en prisión preventiva y quedó libre a mediados de 2011 tras haber abonado una fianza de 20.000 euros. En la fase inicial también fueron detenidos su mujer, una secretaria y dos empleados.
La juez considera que el empresario habría incurrido en un delito continuado de estafa agravada, en concurso con un delito continuado de falsedad, así como en tres delitos de receptación y en dos de simulación de delitos. En su declaración admitió varios engaños. A su mujer y también gerente del taller, M. D. S. C., le juez le atribuye un delito continuado de estafa y tres de receptación. La mayoría de las indemnizaciones se ingresaba en la cuenta de ambos.
El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que emplaza a la Fiscalía y las acusaciones particulares -las aseguradoras estafadas- a que acusen y piden la apertura de juicio oral o el archivo, atribuye responsabilidades a otras 9 personas.
J. I. M. B. y N. M.L. son procesados por presunto delito continuado de estafa. A M. P. R. se le atribuyen tres delitos de estafa o, alternativamente, una estafa continuada, así como un delito de simulación. Según la juez, C. F. L. podría haber cometido dos delitos de estafa, otras dos tentativas y un delito de simulación. El auto imputa a F. C. M. dos delitos de estafa, dos tentativas o, alternativamente, una estafa continuada; y atribuye a M. L. G. G. dos delitos de estafa, dos tentativas o, alternativamente un delito de estafa continuada, así como una simulación. El resto de investigados a un paso del banquillo son S. C. A. -sospechoso de hasta cinco delitos de estafa y una tentativa o, alternativamente, un delito de estafa continuada-; D. M. L. (al que se le atribuye tres delitos de estafa), así como F. R. N., imputado por que podría haber cometido un delito de estafa y otro de simulación.
La mecánica consistía en declarar accidentes simulados para cobrar la indemnización. En varias ocasiones habría actuado en connivencia con los titulares de las pólizas, aunque algún conductor negó haber tenido que ver y se sospecha que el propio empresario suscribió partes de siniestros.
También se deduce que el empresario adquiría piezas de coches siniestrados para usarlos en los fraudes, puesto que los daños reflejados en algunos partes de siniestros distintos eran "idénticos", tal y como concluyó la Judicial. En algunos casos cambiaba las placas de las matrículas.
Alguno de los investigados admitió que los daños de los que se dio parte para cobrar una indemnización habían sido "preparados" en colaboración con el dueño del taller. El cabecilla habría llegado a usar una pala retroexcavadora para causar los desperfectos en una finca de su propiedad. En el auto también se relata una salida de vía "preparada". Presuntamente, el empresario trasladó el coche en su grúa y lo "colocó" en el lugar donde supuestamente ocurrió el accidente. El dueño del taller y otro de los investigados reconocieron en el juzgado haber quemado voluntariamente el motor de un vehículo para dar parte.
Detectives vieron un fraude
Uno de los engaños lo detectó una empresa de detectives, en mayo de 2010. A petición de la aseguradora encontraron en perfecto estado el vehículo de alta gama del que uno de los imputados había dado parte por una supuesta colisión con un jabalí. También observaron cómo lo trasladaba al día siguiente, ya con los daños. Además, en un patrón que se repite en varios de los casos relatados, parte de los desperfectos coincidían con los de otro supuesto siniestro. La investigación también detectó accidentes "pactados" para que una de las personas solicitara una indemnización personal a su compañía por supuestas lesiones.
