Los dueños Iberoitaliana de Pizarras SA, Ipisa, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Ourense para dar cuentas sobre la contabilidad de la empresa en 2001 y 2002. El fiscal les acusa de un delito contra la Hacienda Pública y reclama dos años de prisión para cada uno de ellos, así como una multa de 1,5 millones. Los imputados son los tres hermanos miembros únicos del consejo de administración, aunque uno de ellos falleció el pasado mes de octubre. Son S.V.R y A.V.R. los que ayer respondieron ante la juez pidiendo la libre absolución. La empresa, con sede en Sobradelo de Valdeorras, fue sometida al procedimiento concursal y cerró en 2009.
Según el escrito de acusación del fiscal, durante al menos los años 2001 y 2002, hace ya 14 años, la sociedad "venía ocultando su verdadera situación económica, no haciendo constar en gran número de ocasiones ventas que realizaba, así como creando artificiosamente gastos de todo tipo, con lo que aparentemente daba la imagen ante Administración Tributaria de ser una sociedad cuya actividad producía unos rendimientos muy inferiores a los que realmente obtenía". Las cuentas de esos años, añade, no fueron firmadas ni auditadas, e incluso "constan operaciones mercantiles facturadas sin soporte real o duplicadas y más ingresos en las cuentas bancarias de los que declaraban por su actividad".
Según el fiscal, las autoliquidaciones del impuesto de Sociedades y del IVA se hicieron con "datos ficticios" con la finalidad de "eludir el pago de tributos". Las cantidades que se dejaron de ingresar, según la acusación, ascienden a 625.000 euros.
