No es la primera ocasión que Áurea Soto carga las tintas contra los jueces y fiscales, pero nunca hasta ayer había trasladado críticas y ataques tan concretos a una sala de juzgados, a un foro donde las disquisiciones ajenas a los autos no suelen tener cabida. En su turno final por el caso de la Plaza San Antonio, el que la obligó a dimitir el pasado mes de enero, la exconcejala de Urbanismo lanzó dardos contra las acusaciones y el juez instructor del caso. La magistrada sustituta del Penal Dos, Noemí González, la que dictará sentencia, respetó el turno de su palabra, no sin cierta estupefacción ante alusiones tan explícitas. La exedil se expone a 10 años de inhabilitación pero no se arredró. Soto sostiene que el juez Leonardo Álvarez "llegó a falsificar" el auto de apertura de juicio oral, "eliminando el párrafo verdadero y entrecomillando otro que no existe". Culpa a la acusación, un conocido promotor con múltiples litigios en su época, pero también ve responsable al Ministerio Público.
Sobre la Fiscalía, que mantuvo los cargos por presunta prevaricación continuada y que pide la pena máxima prevista establecida por el delito en el Código Penal de aplicación, la socialista la acusa de "ocultar los autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión". Porque Soto insiste en que dos autos del Superior y el PXOM 2003 avalaban la legalización del parking privado en el subterráneo de la Plaza San Antonio, frente al argumento de la acusaciones asentado en fallos de la misma sala contenciosa que vieron de dominio público el subsuelo. Tampoco comparte que las licencias otorgadas en 2007 no contaran con el amparo de técnicos y jurídicos, además del letrado externo, Carlos Hernández, que también está acusada. "Estaba sostenida en interpretaciones razonadas de la ley en reiterados informes , documentados y expuestos durante la instrucción".
Llevaba el alegato escrito y lo leyó ante el micrófono, captando toda la atención tras más de 10 horas de declaraciones. En la grabación de un juicio de claro tenor urbanístico se podrá oír a Soto resumiendo los que, a su parecer, son las claves de sus avatares con la justicia, siendo la edil del anterior gobierno que más querellas recibió. "Durante 12 años en nuestra ciudad el urbanismo lo dirigían el querellante y su entorno. Y tenían que echar a los intrusos y recuperar el Concello de Ourense como una gestoría para sus dueños naturales. Finalmente lo consiguieron".
Yo no estoy aquí por prevaricación, que es dictar una resolución injusta y arbitraria; estoy sentada aquí, porque era imprescindible para echarme del gobierno". Reprocha la exedil a la institución que debe garantizar los intereses generales: "Pedí ayuda a la Fiscalía pero no estaba aquí, estaba y está en otro sitio: en el mismo que estuvo durante los 12 años anteriores, cuando se llevaban el 10% municipal, cuando se cambiaban los planos del plan general, cuando se recalificaban As Burgas, sin el menor reproche penal".
La Pokémon "abrió la veda"
El supuesto hostigamiento al gobierno anterior por la vía penal comenzó "hace 3 años, al abrirse la veda con una actuación judicial absolutamente desproporcionada contra el alcalde, sigue sometido a medidas cautelares y no sabemos por qué en medio de un silencio atronador" Se refería a la operación Pokémon.
Tras aquella causa aún pendiente, se sucedieron las denuncias. "Por cualquier resolución administrativa unos presentaban denuncia en el penal y otros la querella, hasta 8 veces", añadió la exconcejala. Volvió a una cuestión capital, nunca investigada. "En la ciudad en la que el plan general fue anulado por cambiar los planos en la información pública he asistido perpleja a que me mantuviesen imputada durante 1 año por no permitir ver el nuevo plan general al promotor querellante". Bien es cierto que PSOE y BNG votaron en contra, en el anterior mandato, a una propuesta de DO para investigar el PXOM.
Soto insistió en su derecho a la última palabra: "En vez de ser protegida por quien debía protegerme por no permitir ni el tráfico de influencias ni la información privilegiada, soy investigada. Denuncias que los juzgados de Ourense aceptaban con una sumisión impropia de una institución que debe tener por guía la independencia y la defensa de los derechos ciudadanos". Por eso "debo no solo pedir la absolución, porque no hace justicia. Debo pedir justicia. Si no, esta ciudad no tendrá esperanza".
Tampoco fue nada habitual el alegato efectuado por el otro acusado, Carlos Hernández, el presunto cooperador necesario de la prevaricación. Citando versos de Francisco de Quevedo y un pasaje de El Quijote, el jurista acabó implorando a la magistrada que dicte una sentencia de absolución "para reparar la dignidad de la justicia".
