La Xunta afirmaba ayer que aún no ha recibido el escrito del juez decano con las 25 peticiones de obras, reubicaciones y cambios en el nuevo edificio judicial de Ourense, una infraestructura recién inaugurada a la que no dejan de sumarse detractores. El SUP, el sindicato que representa a siete de cada diez policías con destino en la Comisaría de Ourense, enumera una decena de deficiencias en el inmueble de los 17 millones de euros. "Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía también desempeñamos cotidianamente nuestra labor en ese edificio y, muy posiblemente en las peores condiciones de todos los que allí trabajan a diario".
No es la primera vez que comunican sus quejas. En abril de 2014 "realizamos una visita cuando todavía se estaban realizando las obras y pusimos de manifiesto varias deficiencias que bajo nuestro punto de vista iban a afectar al normal desarrollo de nuestro trabajo, a nuestra seguridad física y/o jurídica".
El principal sindicato policial lamenta que los defectos, no solo no se han corregido, "sino que han aumentado". Por eso ha decidido trasladar su diagnóstico al Comité de Seguridad y Salud en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Policía de A Coruña. El SUP quiere que el servicio de prevención del cuerpo evalúe los riesgos laborales en "las dependencias de uso policial dentro del edificio judicial".
En su escrito, el sindicato refleja 9 carencias principales. "A los funcionarios que prestan servicio en el control de acceso al edificio judicial les da el sol de manera frontal durante el servicio, de manera que les provoca una gran dificultad para la visión y la vigilancia", exponen en primer lugar. También se quejan de que el vestuario de los agentes encomendados a la sede "carece de cualquier tipo de ventilación, taquillas y aseo". Ven una "gran acumulación de suciedad" la zona de acceso con los detenidos y lamentan que la garita de los vigilantes carezca de ventilación y luz natural.
En los calabozos -la Policía Nacional se encarga de las custodias- han constatado la falta de cobertura para equipos de transmisiones y teléfonos móviles. Pero además aluden a deficiencias "que pueden poner en grave riesgo la seguridad física y jurídica de los Policías, así como la integridad de los detenidos y presos, que no podemos detallar públicamente por motivos de seguridad, pero que hemos trasladado a la Superioridad". También ven defectos en la sala de reuniones de detenidos y abogados "que dificultan la vigilancia y coartan la perceptiva entrevista". Preguntan por último si hay plan de evacuación y emergencias, porque "no existe en las dependencias".
