La presunta falsificación de facturas en el servicio privatizado de ayuda a domicilio, hojas de cálculo de horas con conceptos discutidos como el desplazamiento de las trabajadoras y desembolsos de miles de euros que siembran dudas en cuanto a la relación del Concello de Ourense y la empresa adjudicataria, ha quedado certificada por la Policía, tal y como desveló FARO. Pero una nueva documentación en poder del juzgado y las partes refuerza los indicios de ese presunto delito, una de las infracciones investigadas en una causa abierta desde hace meses que sigue el rastro a posibles delitos de prevaricación, estafa, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias. Los últimos requerimientos del magistrado instructor dirigidos a departamentos municipales -en los inicios del proceso tuvo que enviar varias veces a la Policía-, como el órgano de gestión económica, han puesto sobre la mesa una relación de supuestas alteraciones de notas de pago con registros de entrada presuntamente modificados y devoluciones de facturas en pleno trámite.
Tal y como desveló este diario, un perito de la brigada científica de Comisaría ha certificado que una controvertida factura de agosto de 2010, que una de las funcionarias imputadas propuso rehacer tras constatar que el cálculo de pagos estaba inflado con un desfase de más de 25.000 euros, fue manipulada. Según el informe del experto, el número de registro de entrada fue corregido con corrector "tippex" y además se alteró a bolígrafo, con un tachón superpuesto a simple vista, la fecha del sello de la oficina de compras.
El magistrado y efectivos policiales a su servicio tratan de demostrar si existió un quebranto económico millonario para las arcas municipales y adónde pudo ir a parar el dinero ante los indicios de notas de pago infladas y una supuesta contabilidad doble que el gerente de la empresa, con mismo cargo en la firma actual, ha negado. En una minuciosa instrucción que aún se prevé larga, el magistrado ha recabado expedientes, incautado los ordenadores de los dos exsocios y la concejala, y reclamado informes económicos y técnicos. No se descartan nuevas citaciones a declarar.
Pruebas
Entre las últimas pruebas figura, precisamente, la recogida de testimonio de cinco auxiliares que, según las fuentes, negaron realizar horas extras en su jornada ni los desplazamientos facturados. Su testimonio ante agentes de la UDEV se realizó para comprobar la justificación de facturas y la jornada real de trabajo, ante anotaciones de hasta 3 horas diarias en algún estadillo personal por supuestos trayectos de domicilio a domicilio, cuando la ciudad y a lo sumo la periferia del rural eran el radio de acción.
Las investigaciones iniciadas a partir de una denuncia de Democracia Ourensana que aludía a dos facturas presuntamente falsas de 2008 se han ampliado a todas las anualidades de la anterior contrata -de 2007 a 2011-, desde el propio momento de la adjudicación -decantada por un servicio que según testigos nunca se habría prestado- hasta el momento de resolución del contrato, acordada por mutuo acuerdo pese a la existencia de un fallo de anulación del TSXG, y un año más tarde de que la relación entre el Concello de Ourense y la empresa se mantuviera, sin existencia ya de contrato como amparo legal, con una facturación anual de 3,3 millones.
Entre los implicados que el juez delimitará con cargos y responsabilidades en un próximo auto, figuran la concejala y teniente de alcalde, Marga Martín, y los dos empresarios que compartieron sociedad hasta 2011, cuando se produjo la nueva adjudicación, millonaria, a una UTE conformada por el gerente actual y de aquel entonces, Alberto López, y la multinacional FCC. Su antiguo socio, el exgerente del hospital José Troncoso, aportó ayer al juez un nuevo correo electrónico en el que se señalaba cómo compensar, al año siguiente y en apartes mensuales, una factura de casi 100.000 euros de supuesta regularización del servicio en el último trimestre de 2007, autorizada tras pocos meses de concesión. Los dos exsocios están sumidos en una guerra de acusaciones recíprocas con cruce de correos. Los emails señalan supuestas negociaciones de precios, adelantos de facturas, mediaciones de altos funcionarios y propuestas a nombre de la edil bajo el encabezamiento "Querida Marga". Una remesa de 42 aportada como contraataque por Alberto López aumenta la relación de correos electrónicos, un método de comunicación que será clave en la investigación. La Guardia Civil analiza en Madrid los ordenadores de la concejala y de los empresarios para descubrir los mensajes intercambiados entre todos ellos y el exregidor de Ourense.
Regalos
En su declaración como imputado ante el juez, Troncoso reveló la existencia de supuestos regalos de la empresa al exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y a la edil. Además, dijo que fue Marga Martín la persona que sugirió al gerente que preparase esa factura de regularización de 2007 para cubrir al completo el presupuesto anual, dado que no se había gastado todo el dinero reservado para la contrata.
Esa maniobra, según Troncoso, debía compensarse durante 2008 con 9.000 euros de apartes mensuales para equilibrar, en unos diez plazos, el dinero cobrado a mayores. Una trabajadora despedida había hecho alusión, en una declaración anterior como testigo, a sobres con esa cantidad y a una supuesta contabilidad doble. La regularización no enmendaba un error, como alegó el gerente, según repuso su exsocio, que considera falsas las hojas de liquidación. Una empleada citada al inicio de la instrucción como testigo declaró al juez que las facturas se hacían llegar a Marga Martín en sobre cerrado. La edil imputada lo negó en su interrogatorio.
