El director Emilio Ruiz Barrachina llevará al cine la historia de uno de los mayores envenenamientos que hubo en España, mediante el consumo de bebidas que contenían alcohol metílico. Según el fiscal Fernando Seoane, causó miles de muertes, aunque el régimen franquista solo reconoció 51 fallecimientos y 9 personas que quedaron ciegas. El actor Juanjo Puigcorbé representará el papel del fiscal, que quiso buscar responsabilidades más allá de las bodegas que comercializaron el producto –declaradas al poco tiempo en quiebra–, pero chocó de frente con el sistema.
El rodaje de la película, tal como anunció el periodista Fernando Méndez ayer en el Centro Cultural de la Diputación –al cumplirse 43 años de la conclusión del juicio–, se realizará el próximo verano, en los lugares en los que se desarrollaron los hechos: Ourense, Vigo, A Coruña, Canarias y Madrid.
El caso lo destapó en la primavera de 1963 la farmacéutica María Elisa Álvarez Obaya, al observar que habían empezado a fallecer marineros en el puerto de Lanzarote de forma repentina. Tuvo la audacia de analizar las bebidas que habían consumido, en las tabernas de la localidad de Haría, y descubrió que las botellas de ron estaban completamente envenenadas, con un altísimo índice de alcohol metílico. Por lo que dio la voz de alarma, inmediatamente. De forma paralela, el médico de Cea, José Seijo, se dio cuenta de que habían empezado a morir campesinos, también de modo repentino, en la provincia de Ourense. Y se limitó a llamar la atención sobre estos sucesos, sin poder imaginar que las muertes de Galicia podían estar relacionadas con las de Canarias. Pero por fortuna, la etiqueta de una garrafa de aguardiente desveló la procedencia del alcohol metílico: había sido enviado desde la casa Lago e Hijos de Vigo. Y poco después se descubrió que un cargamento de aguardiente había ido de Vigo a Lanzarote, transportado en un barco. Esa empresa le compraba la materia prima a un bodeguero de Ourense, que tenía su sede en el barrio de A Ponte, llamado Rogelio Aguiar: el principal agente que provocó el envenenamiento de miles de personas, con 75.000 litros de ron, ponche y licor café con alcohol metílico.
El autor del libro Mil muertes de un trago, Fernando Rodríguez, reconoce que "gracias a una noticia publicada por FARO DE VIGO" –fue el primer periódico que ofreció la información de las muertes que provocó el alcohol metílico–, "las autoridades descubrieran la conexión que había entre la muerte de marineros en Canarias y la de labradores en Galicia".
El alcohol metílico que utilizó Rogelio Aguiar, para ahorrar costes, procedía de la destilación de la hulla –una especie de carbón–, empleado habitualmente para fabricar barnices, pinturas y combustible de aviones. Era altísimamente venenoso. La persona que ingería una sola copa, sufría unos dolores intestinales muy intentos, a las pocas horas quedaba ciega y muchas de ellas fallecían poco después, debido a un fallo multiorgánico.
Debido al consumo de licor café, ponche o ron que contenía alcohol metílico, hubo 25 muertos en Ourense, 7 en A Coruña, 18 en Gran Canaria y Tenerife y 1 en el Sáhara español, además de 5 ciegos y lesionados en Ourense, 2 en A Coruña y 2 en las Palmas de Gran Canaria.
Fueron condenados, como responsables del envenenamiento, Rogelio Aguiar Fernández, con una pena de 20 años de reclusión menor y 25.000 pesetas de multa; Román Rafael Saturno Lago Cabral, a 18 años de reclusión menor y 20.000 pesetas de multa; Miguel Ángel Basail Infante, a 15 años de reclusión menor y 10.000 pesetas de multa; María Ferreiro Sánchez, a 12 años de reclusión menor y 5.000 pesetas de multa; Román Xerardo Lago Álvarez, a 12 años de reclusión menor y 5.000 pesetas de multa; Alberte Lombán González, a 12 años de reclusión menor y 5.000 pesetas de multa; Luis Iglesias Barral, a 12 años de reclusión menor y 5.000 pesetas de multa; Ricardo Debén Gallego, a 12 años de reclusión y 5.000 pesetas de multa; Francisco Emilio López Otero, a 4 años de prisión menor y 5.000 pesetas de multa; José Ramiro Nóvoa Rodríguez, a 1 año de prisión menor y 10.000 pesetas de multa; y Manuel López Valeiras Souto, a 1 año de prisión menor y 10.000 pesetas de multa.
El total de las indemnizaciones fijadas para los procesados ascendió a 19.563.500 pesetas, declarando en su caso responsables civiles subsidiarios a las entidades Industrias Rosol, S.A. e Lago e Hijos, S.L.
