19 de marzo de 2010
19.03.2010
Francisco Cacharro Gosende - Secretario de la Diputación de Ourense y de los tribunales de oposiciones

"Si los cuatro consiguen notas elevadas, el tribunal prevaricaría no aprobándolos"

"Los hijos y familiares de cargos públicos tienen todo el derecho del mundo a presentarse"

19.03.2010 | 07:30
Francisco Cacharro Gosende –hijo del ex presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo–, es el secretario de la Diputación de Ourense. Ganó su plaza como funcionario del Estado, después de participar en las polémicas oposiciones de la institución provincial ourensana en 1998, de las que se acabó retirando tras un fallo del Supremo.

Después de participar en las polémicas oposiciones de 1998, en las que ganaron plazas de la Diputación de Ourense los hijos de los alcaldes de Monterrei, San Cibrao das Viñas, la hija del ex regidor de Ourense José Luis López Iglesias y el propio hijo del presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Gosende, ahora éste último, como secretario de la institución provincial –puesto que ganó en otro proceso de oposiciones del Estado–, está "nombrado" secretario del tribunal que tendrá que examinar al hijo del alcalde de Xinzo, al del ex regidor de Vilamartín de Valdeorras, a la hija del de Celanova y a la diputada del PP Ana Belén Vázquez.

–Ahora a usted le corresponde ser el árbitro.

–Yo estoy nombrado como secretario. Muchas veces no voy a los tribunales por falta de tiempo. Son pruebas que duran toda la mañana y son un latazo.

–¿Quién lo sustituiría?, en ese caso.

–José Eugenio Galindo.

–¿Se trata de un proceso limpio?

–Es un procedimiento que aún no se ha iniciado, solamente ha salido la lista de admitidos. El procedimiento es el que marca la legislación vigente; sobre eso no hay mucho que decir. Son procedimientos que no se han modificado en décadas, con la única salvedad de la modificación que ha introducido el Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007, que fue retirar de los tribunales a los cargos políticos. Anteriormente, como establecía la normativa, presidía los tribunales el presidente de la institución y más tarde delegó en el vicepresidente, Rogelio Martínez. El procedimiento de selección de personal fijo en la Diputación es exactamente el mismo que utiliza la Xunta, la Administración del Estado, los concellos y las mancomunidades.

–Tiene defectos.

–Tú has visto que desaparecieron exámenes de las pruebas que se realizaban durante el mandato del gobierno bipartito de la Xunta y este verano surgieron sospechas sobre filtraciones, por unos hermanos que habían aprobado. En la Diputación de Ourense, desde luego, no ha pasado nada de eso, fuera del famoso recurso de 1998, en aquellas oposiciones en las que he participado yo.

–En aquella ocasión, el tribunal ordenó la repetición de pruebas.

–Se repitieron la segunda y la tercera prueba. Yo ya no participé en la repetición. El tribunal anuló el segundo ejercicio y sucesivos, porque se había ampliado el tiempo de realización de un examen y porque no se había garantizado el anonimato en las pruebas.

–El resultado fue casi idéntico, sólo entró una persona diferente a los hijos de cargos públicos señalados.

–Entró una persona distinta, pero yo no he participado en la repetición de las pruebas como aspirante.

–Ya había ganado otras oposiciones.

–Como salió mi nombre en la lista, conviene que se sepa que yo soy funcionario del Estado. Tanto el secretario, como el tesorero, como el interventor somos funcionarios con habilitación de carácter estatal. Trabajamos en los ayuntamientos o en las diputaciones, pero la selección en mi época la hacía el Estado y ahora la hace la Xunta. Yo superé la oposición en el MAP.

–Pérez Selas, el aspirante que escribió la "Memoria del opositor frustrado" reconoció su capacidad.

–Se lo agradezco, porque esas cosas sentaron muy mal. La verdad es que a mí me cayeron todas las bofetadas. Cuando saltó la escandalera, pensaba: "Yo soy quien soy..."

–No podía ocultar su apellido, como hijo de Cacharro Pardo.

–Claro, pensaba: "¿Cómo lo verá alguien desde fuera. ¿Qué pensaría yo si fuera el hijo de Felipe González o el de Jordi Pujol si se publica en la prensa? Yo sé que eso lo voy arrastrar toda mi vida.

–¿Siempre habrá personas que piensen que entró por la puerta falsa?

–Como ahora estoy en la Diputación, habrá gente que piense que estoy en virtud de aquellas oposiciones. Pero tampoco tiene remedio, porque la imagen pública te la crean otros y tú la administras como puedes.

–No todos los aprobados tenían su nivel.

–No lo sé.

–¿Manuel Fraga les hizo un flaco favor, al opinar que era normal que ganaran las plazas los hijos de familias prominentes?

–Hizo daño, claro. El problema de los políticos es que tienen que opinar sobre todo tipo de asuntos. Aquel fue un proceso de crítica política, montado sobre la base de una presunción. El hecho de que las cuatro personas que aprobasen estuvieran vinculadas a cargos públicos del PP, determinaba una posición en el asunto. Y a partir de ahí da igual, porque las posiciones son irreductibles.

–¿La calle se preguntaba por qué tenían que aprobar los cuatro?

–Claro, porque ahí hubo un veredicto anterior a la resolución del proceso, indiferente a los detalles del procedimiento. Ese es un veredicto político. A cada uno nos habían asignado un papel en ese drama, y nos tocaba cumplirlo hasta el final. Pero es agua pasada.

–Fue una presión enorme para el tribunal y para los opositores.

–El escándalo surgió cuando sólo quedaba una prueba, el ejercicio de gallego. La oposición estaba prácticamente resuelta. Faltaba el ejercicio de gallego, donde nos pusieron hacer una simple traducción. Con hacer la traducción correctamente, teníamos la plaza en el bolsillo, tal como íbamos de puntuación. El ejercicio de gallego puntuaba, pero no era eliminatorio. Quedaba el tema de una plaza, entre Alberto Iglesias y Javier Martínez de Anta. Y se resolvió por puntuación, debido a que uno de ellos no concluyó el examen. Pero la escandalera se montó a posteriori.

–¿Se puede repetir la historia en esta ocasión?

–La historia no se repite nunca, aunque es impredecible. En este caso, el procedimiento todavía no se ha iniciado. Pero además, se ajustará a la normativa vigente, que es la misma que se aplica en los concellos, en la Xunta y en la Administración del Estado.

–¿Aprobarán de nuevo los cuatro?

–No lo sé; desconozco incluso si se presentarán. Pueden aprobar los cuatro, tres, dos, uno o ninguno.

–José Luis Baltar dice que tienen derecho a presentarse.

–Los hijos y familiares de cargos públicos tienen todo el derecho del mundo a presentarse.

–Si aprueban los cuatro, los miembros del tribunal tienen un marrón encima.

–Si aprueban mediante un procedimiento regular y formal, no tenemos nada...

–No hay nada que lo impida.

–Si los cuatro consiguen notas elevadas, el tribunal prevaricaría no aprobándolos.

–¿Eso proyecta presión sobre los aspirantes y sobre el tribunal?

–Sí, por supuesto. En el caso del tribunal, supongo que es profesional y sabrá actuar al margen de ese tipo de presiones.

–Usted lo tiene fácil, dado que puede delegar en Galindo.

–(Silencio y risas).

–¿Se situará ante los pitones del toro?

–No lo sé, depende de cómo ande de trabajo. De todas formas, el secretario del tribunal no tiene voto. Yo no voto, no decido, me limito a hacer el acta y poco más. Los que votan son los vocales. Yo cada vez participo menos en los tribunales, por falta de tiempo. Las pruebas ocupan mañanas enteras.

–Existe un clamor que sostiene que el sistema que se utiliza en las oposiciones para acceder a la función pública es "una coladera". ¿Cómo se puede mejorar para evitar la filtración de preguntas?

–Podía consistir en que la fijación del contenido de las pruebas, por parte del tribunal, se realizara en un momento inmediatamente anterior a la realización de los exámenes, y que eso quedase de alguna manera grabado. Para garantizar el anonimato, se podría recurrir al sistema que utilizan en las pruebas de la selectividad, en el que los profesores ignoran los exámenes que están corrigiendo. Pero esto es lo de siempre, porque hay alguien que tiene acceso a esos programas informáticos. Se pueden establecer garantías de ese tipo, pero es complicado.

–Para evitar filtraciones, tendrían que fijarse las preguntas minutos antes del examen.

–¿Y a ti quién te garantiza que no se pusieron de acuerdo antes de reunirse? Y con respecto al anonimato, ¿quién te dice que el aspirante no pone una marquita que ha pactado antes con miembros del tribunal?

–¿Hay otras soluciones?

–El Estado, en los cuerpos superiores, mantiene una prueba que es bastante adecuada y sencilla, que son los exámenes orales públicos. Cualquier persona puede asistir a los exámenes orales para ver a los aspirantes. Es un latazo y nadie va, pero puede hacerlo. Ese es un tema que habría que estudiar.

–¿Se puede realizar incluso un "cambiazo"?, mediante el que un aspirante se dedique a escribir y entregue al final el examen que traía hecho de casa, si le han filtrado las preguntas.

–Ahí ya nos estaríamos metiendo en responsabilidades penales. Lo que se puede hacer en materia de procesos selectivos, se puede hacer en contratación pública, en subvenciones y en cualquier otra. Claro, si tú me hablas de falsedades documentales, hablamos de delincuentes convictos y confesos casi. Los procedimientos administrativos tienen una función preventiva de irregularidades y deben poner todas las dificultades para que eso sea difícil de hacer.

–¿Los aspirantes utilizan papel oficial o folios normales para hacer las pruebas?

–Es un papel oficial que emplea la institución, pero no es un papel timbrado con números de serie.

–Por lo tanto, se puede realizar el "cambiazo".

–Aquí ha habido gobiernos de todos los tipos, que no impulsaron una iniciativa legislativa en ese sentido desde hace treinta años.

–¿Pueden quedar desiertas las plazas?

–Las plazas pueden quedar desiertas, si los aspirantes no se presentan o no alcanzan la nota mínima de 5. Puede suspender todo el mundo.

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