El actual emplazamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ourense en la zona de Reza, sobre la que pesa una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la declaró ilegal debido a que incumplía las distancias con el núcleo de población, se perfila como la principal opción para ubicar una nueva, según se refleja en el avance del estudio que realiza la empresa de ingeniería Fullcram, y cuyo responsable, Pedro Aguirremota, daba a conocer en la reunión de la junta de portavoces que convocó.

Mientras el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, aseguró al término de la reunión que "lo teníamos claro desde un principio y la depuradora sólo tiene una ubicación posible, que es donde está", el teniente de alcalde y portavoz del BNG, Sánchez Vidal, dijo que el actual emplazamiento, "con variantes", se presenta como la mejor situación, aunque "es necesario esperar al estudio definitivo".

De ahí que los tres grupos aceptasen el compromiso del responsable de la empresa de presentar el estudio a finales de mes y de esa forma frenar la intención de rescindir el contrato firmado para elaborar el estudio sobre ubicaciones para la depuradora, como llegó a plantear el alcalde debido a los "sucesivos retrasos",

El regidor Francisco Rodríguez fue más prudente y, aunque el avance señala que la mejor opción de trabajo pasa por mantenerla en Reza con nueva tecnología, "no me atrevo a hacer una afirmación rotunda de que se ubicará en ese entorno". Y apuntó que "es muy difícil que se cumpla lo establecido en el Raminp (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas), en lo que se refiere a la distancia que debe tener este tipo de infraestructuras respecto a las viviendas próximas, que se establece en 2.000 metros como mínimo.

Uno de los aspectos que deja claro el avance es la imposibilidad de ubicar una nueva depuradora en el municipio de Ourense, de ahí que el alcalde aludiese a una "situación de excepcionalidad, que también contempla el propio reglamento", que fue el que esgrimió como base el alto tribunal gallego para declarar ilegal la actual instalación.

Lo prioritario para Rodríguez es ver el tipo de depuradora "que queremos, el coste de su construcción -garantizando que no habrá problemas de financiación- y su posterior gestión", que incluye los costes que tendrán una repercusión directa en le recibo que pagan los ciudadanos. Y proclamar que la futura planta depuradora "será respetuosa a lo máximo con el medio ambiente y no generará ningún tipo de problema a nadie, además de convertirse en un lugar de ocio y paseo".

El portavoz popular tiene claro lo que se debe hacer en el futuro para mantener su actual ubicación y que pasa por "expropiar dos o tres casas, debido a que no se cumplió el Raminp, una responsabilidad que asumimos, y pagarle a los afectados para que vivan en una casa mejor que la que tienen hoy".