"Dejar sin efecto, hasta nuevo aviso, el período de cobro de los padrones fiscales" aprobados y pendientes de ingresar hasta el momento, en concreto el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), popularmente conocido como "rodaje", cuyo período de cobro estaba previsto entre el 8 de abril y el 8 de junio, así como la tasa por venta ambulante correspondiente al segundo trimestre del año, que se preveía cobrar entre el 1 de abril y el 1 de junio, o la ocupación de vía pública para actividades privadas. Son algunas de las "medidas extraordinarias en materia tributaria" aprobadas por el Concello de Cangas ante la situación derivada del estado de alarma por el Covid-19 y que el regidor, Xosé Manuel Pazos, acaba de hacer efectiva a través de una resolución de la Alcaldía.
Con esta medida, la administración municipal también suspende, "hasta nuevo aviso", la emisión del cobro de las remesas de las tasas y precios públicos por servicios, actividades u ocupaciones del espacio público" que actualmente ya se encuentran suspendidas, prohibidas o afectadas en respuesta al coronavirus. La duración de estas iniciativas está supeditada a la evolución de la pandemia y de las restricciones obligadas por ese motivo. "Dependiendo de a evolución de las circunstancias y de otras medidas que sean adoptadas por las autoridades competentes, se adoptarán nuevas resoluciones sobre el levantamiento de las medidas adoptadas en la presente resolución y se fijarán los nuevos períodos de cobro", señala el decreto, que se notificará de inmediato a la población mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) y en el tablón del consistorio, entrando en vigor en el mismo momento.
El alcalde argumenta que esta respuesta de la institución municipal va en consonancia con la situación de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las medidas adoptadas por el Gobierno Central y la Xunta de Galicia. También tiene en cuenta "la situación en que va evolucionando el coronavirus y de acuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades estatales y autonómicas", y su finalidad es "ayudar a la ciudadanía del municipio de Cangas a garantizar, junto con todas las demás instituciones, "la mejor respuesta a la crisis desatada por el Covid-19".
Asimismo, las medidas extraordinarias en materia tributaria responden a que determinadas actividades y servicios municipales se encuentran suspendidas, prohibidas o afectadas como consecuencia de las medidas adoptadas en el contexto del estado de alarma. La suspensión del mercadillo ambulante que se celebraba los martes y viernes en el entorno de la plaza de abastos, y que ya no se instala desde la semana pasada, es un ejemplo de estas actividades que han quedado interrumpidas. "Resulta necesario colaborar al cumplimiento de las medidas previstas por las autoridades competentes, tanto desde el punto de vista sanitario como socioeconómico, siendo la actividad administrativa tributaria del Concello una de las que más trámites administrativos implica", abunda.
"Calendario fiscal" del PP
El PP de Cangas también aboga por tomar medidas en la misma dirección. Pide que se suspenda temporalmente el período de pago del padrón de rodaje y que se pueda "negociar estos días un calendario fiscal entre los distintos grupos de la corporación para impuestos y tasas municipales (IVTM, terrazas, quioscos o vados), con el fin de darle al vecindario una mayor flexibilidad a través de la ampliación de los plazos de pago en período voluntario u otras medidas que se consideren convenientes".
Los populares auguran que, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, "muchas vecinas y vecinos de Cangas van a verse afectados en su economía familiar, sean autónomos o trabajadores que tienen que quedar en casa por la suspensión de sus trabajos, con el riesgo de que el período de tiempo que pasen sin recibir ingresos sea mayor del deseado", y por lo tanto urge adoptar medidas desde el Concello para paliar la situación. También quieren enviar "un mensaje de agradecimiento por el comportamiento cívico de la ciudadanía, a la que instan a "quedarse en casa", y en especial a quienes realizan su trabajo en servicios públicos "esenciales".
