Fue el Juzgado el que ordenó cerrar el complejo deportivo Sport Club Morrazo y lo único que hizo el Concello de Cangas fue acatar la orden y precintar las instalaciones a través de la Policía Local, recalca el alcalde, Xosé Manuel Pazos, e insiste en que no actuó por inquina hacia el propietario de las instalaciones y exconcejal Bernardino Faro Lagoa, sino aplicando la ley y que, como regidor, no le quedaba otra opción.
Pazos recuerda que la clausura del inmueble, con servicios de gimnasio, piscina, pádel y otras prácticas deportivas, responde a una sentencia judicial por carecer de licencia y por sucesivas denuncias vecinales, que la propiedad tuvo tiempo más que suficiente para presentar alegaciones o propuestas de legalización que pudieran revertir la situación y que todos los plazos se agotaron antes de precintarlo.
El regidor señala que el procedimiento fue limpio y que ni los políticos ni los técnicos municipales son responsables del cierre de las instalaciones. Asume que Faro Lagoa defienda sus intereses, por vía judicial si lo cree conveniente, pero duda de que los tribunales vayan a darle la razón en este asunto.
