La corporación moañesa celebra esta tarde, a las 20.00 horas, un pleno extraordinario que tiene como único punto la votación sobre el "acuerdo de la comisión delegada del gobierno para Asuntos Económicos del 14 de marzo de 2019", que en la práctica impone al Concello la unificación de los dos créditos solicitados mediante el Plan de Ajuste de pago a proveedores en el año 2012, lo que implicará el abono de 50.000 euros más en intereses a los bancos por una deuda que Moaña pagaba sin apuros desembolsando unos 600.000 euros anuales. A los informes contrarios a la aprobación de la medida emitidos por Intervención y Tesorería se sumó ayer el del secretario municipal, pero desde el Gobierno central plantean como "obligatoria" esta orden, dejando a todos los concejales en una situación de inseguridad jurídica.
Es más, desde el PSOE, Marta Freire asegura que valoran no acudir al pleno "porque votemos lo que votemos puede tener consecuencias jurídicas", aunque el bipartito lleva toda la semana tratando de consensuar una postura común con los grupos de la oposición. Ayer ningún grupo tenía decidido el sentido de su voto, al no entender cómo les obligan a celebrar un pleno cuando a adscripción a la medida del ejecutivo que preside Pedro Sánchez es obligatoria. La propuesta de la Alcaldía será rechazar la unificación de los créditos, advertida por los técnicos.
El concejal de Facenda, Aldán Santamarina, explica que trataron de abonar el total de uno de los créditos, pues la medida solo se le impone a los ayuntamientos con dos o más préstamos solicitados en el Plan de Ajuste. "Pero el ICO nos rechazó la propuesta, asegurando que ya estaba en marcha la medida del gobierno".
Insiste Santamarina, así como la alcaldesa, Leticia Santos, en la inseguridad jurídica a la que se verán sometidos, al tener los informes técnicos en contra. Tanto el secretario como la interventora concluyen que el mandato del gobierno central vulnera el principio de autonomía local "flagrantemente" y que no resulta "jurídicamente sostenible" por saltarse el "principio de jerarquía normativa", al no tratarse de un real decreto.
Además, el mayor riesgo para los concejales proviene de que la asunción de la medida supone un "coste financiero indudablemente innecesario y, por lo tanto, un quebranto económico para el Concello". Entienden los técnicos que, tomar una decisión de esta naturaleza, teniendo los ediles la información previa de que sería perjudicial para el Concello, les haría incurrir en el "incumplimiento de la normativa recogida en multitud de normas de nuestro ordenamiento jurídico".
Es más, desde el principal partido de la oposición, el PP, critican que si no unifican los créditos "serían los concejales quienes asumirían directamente las consecuencias impuestas por el Estado. Consecuencias que, por cierto, son desconocidas y no detalla el Gobierno central". De hecho, la alcaldesa confirma que le pidieron información al Ministerio de Hacienda sobre las consecuencias de rechazar la medida "y no nos lo aclararon en ningún momento".
Son dos los créditos que paga Moaña y que provienen del Plan de Ajuste. De uno restan por pagar unos 2 millones de euros y del otro 140.000 euros, que es el que se trató de cancelar. Deberían estar liquidados en 2023.
