El gobierno de Cangas está en funciones y el Concello parece un solar. La situación de alejados del paraíso es tal que nadie se atreve a sacar un proyecto, por pequeño que sea, adelante, mientras que las principales apuestas de este gobierno tripartito están frenadas en los los tribunales de justicia y en órganos consultivos, gallegos y del Estado. El Consello Consultivo de Galicia frenó hasta en tres ocasiones los movimientos realizados por el gobierno local para poner fin al contrato que en su día firmó el anterior gobierno con la UTE Gestión Cangas para gestionar el ciclo integral del agua. Pero también los tribunales lo están haciendo difícil, al anular una y otra vez la ordenanza aprobada por el tripartito y por el que se fijan las tarifas de agua y saneamiento.

Pero los nuevos contratos que realizó este ejecutivo tampoco salieron adelante. El más jugoso (761.141 euros al año por un plazo de ocho años), el que hace referencia a la prestación del servicio de alumbrando exterior del municipio no consiguió superar la prueba del Tribunal de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. El Concello se lo había adjudicado a Ferrovial pero las empresas recurrieron y acabó en este pozo del que no salió en dos años. Se anunció la elaboración de otro pliego pero no hubo manera de sacarlo adelante. Este sí que era uno de los proyectos estrella y no se supo resolver o hubo miedo a hacerlo. El objetivo teórico era ahorrar energía.

La elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello de Cangas fue adjudicada a la empresa Galivalia Consultgo S.L. por 26.370 euros. Era una apuesta personal del alcalde Xosé Manuel Pazos, que pretendía solucionar de esta manera la continua reparación de las nóminas del Concello de Cangas por parte del interventor municipal. Su informe es contundente: los complementos de productividad no se pueden pagar de forma lineal, tal y como se hace ahora mismo, deben depender de la productividad del trabajador. Pues hace un año este trabajo fue "secuestrado" por los sindicatos y aún no vio la luz, ni hay interés por parte de la mayoría de los trabajadores en que salga.

También está tumbado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda el contrato de la piscina, que se prorrogó a la empresa que ya lo tenía no sin cierta diferencia de criterio en el gobierno.

El PXOM tampoco salió en este mandato y van cuatro; es decir 12 años intentándolo en vano.