El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, en su intento de crear una comisión de investigación sobre el convenio de Massó, firmado entre el Concello de Cangas y Frigoríficos de O Morrazo, revela documentación en la que asegura que se vendieron concesiones no extinguidas. En el informe que aporta Mariano Abalo se hace mención a que el 6 de agosto de 2004, los entonces representantes de Frigoríficos del Morrazo y el entonces responsable de la administración municipal de Cangas, el alcalde José Enrique Sotelo firmaron lo que él denomina un fraudulento convenio urbanístico respecto a la Unidad de Actuación 27 , en el que se incluían terrenos, antes de dominio público marítimo terrestre , y en la actualidad de dominio público portuario, sin advertir, en modo alguno que dichos terrenos (32.684 metros cuadrados) eran inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Detecta el concejal "groseros errores" en la ficha catastral, donde aparece municipio de Vigo, cuando es Cangas do Morrazo. Resulta obligado advertir que la Autoridad Portuaria de Vigo, por resolución del 30 de julio de 2004, seis días antes de la firma del convenio, autorizó el cambio de titularidad de la concesión, por lo que en modo alguno, Frigoríficos podía disponer de los terrenos de dominio público portuario e incluirlos en el convenio".

Abalo recuerda que la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, con fecha de 18 de febrero de 1993, ejecutó un embargo por valor de 99.954.510 pesetas, sobre 23 fincas propiedad de Massó Hermanos y una de las fincas embargadas, según Abalo era un terreno en la zona marítimo terrestre entre los lugares de Salgueirón y Punta Balea, con la calificación de Rústica.

Seis días después

Señala Mariano Abalo que el convenio se firmó seis días después de que la Autoridad Portuaria de Vigo autorizase la transmisión de las concesiones a favor de Residencial Marina Atlántica, el 30 de julio de 2004, "que las compró en pleno dominio libres de cargas y gravámenes arrendatarios, el 22 de octubre de 2004, 84 días después de haberle sido transmitidas", señala el informe que maneja el concejal de Urbanismo, donde se asegura, además que "resulta del todo incomprensible que el legítimo administrador de unos terrenos de dominio público portuario, en este caso la Autoridad Portuaria de Vigo, no participe en el convenio y que incluso permita que dichos terrenos fuesen objeto de compra venta entre particulares.

Pone de manifiesto que el 22 de octubre de 2004 la conservera vendió la finca 3.402 a Residencial Marina Atlántica con pleno dominio sobre la misma por la cantidad de 971.627,03 euros. Abalo considera constatable que los terrenos de dominio público que conforman las extinguidas concesiones de Massó, han sido desafectas del uso portuario y, por lo tanto, han pasado ser patrimonio de la Autoridad Portuaria de Vigo, quedó patente de forma irrefutbable que dichos terrenos no debieron se cinlcuidos en el convenio urbanístico de Massó.